El gobierno de Guillermo Montenegro entendió que la directora del Museo Casa sobre el Arroyo, Magalí Marazzo, se excedió en el ejercicio de sus funciones al registrar la marca a su nombre y consideró que violó “derechos sociales, económicos y culturales”.

Así se desprende de la presentación que realizó el municipio ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) para oponerse a la registración que había hecho la funcionaria. El plazo legal para hacerlo vencía hoy.

“Vengo a oponerme en legal tiempo y forma al registro solicitado. La Municipalidad de General Pueyrredon es la única legalmente habilitada para este registro y uso, en cuanto la Casa sobre el Arroyo, conocida como ‘Casa del Puente’, ubicada en Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, se encuentra declarada de Interés Patrimonial, Cultural, Natural (Ordenanza 10075/93), Monumento Histórico Artístico Nacional (decreto 262/97) y Patrimonio Cultural, Histórico, Arquitectónico y Ambiental de la Provincia de Buenos Aires”, señala el texto.

Enseguida agrega que “la solicitante carece de interés legitimo, pues no pudo desconocer este hecho toda vez que la misma reviste el cargo de directora de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano y directora del Museo aún cerrado”.

Mencionó que Marazzo “además oficia como vocal de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos”, por lo que “claramente la funcionara se ha excedido en el ejercicio de sus funciones y misiones, violando derechos sociales, económicos y culturales”.

Se trata de la primera palabra oficial de la Municipalidad desde que el martes trascendió la información sobre la registración que hizo Marazzo de los nombres “Casa sobre el Arroyo” y “Casa del Puente” a título personal. Hasta el momento, los funcionarios de Montenegro se habían pronunciado off the record.

“Se debe recordar que la protección y preservación del patrimonio cultural es uno de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales con rango constitucional. Por consiguiente, ruego al Sr. Presidente del INPI tener por presentada esta solicitud de oposición en virtud de los art. 13,14, 24 inc b y 24 bis ley 22362, reservo derechos de ampliar en sede administrativa”, agrega la presentación.

La funcionaria se había mostrado proclive a ceder la marca por voluntad propia, pero no asistió a la reunión en la que iba a firmarse el traspaso, prevista para ayer a la mañana. El día anterior, el intendente le había pedido la renuncia.