Por Sebastián Hadida

Luego del furioso rally de actividad de las últimas semanas, con dos sesiones en la Cámara de Diputados, cuatro en el Senado y la Asamblea Legislativa, el oficialismo le clavó el freno al Congreso, bajó al mínimo la perilla de la velocidad, y busca regular los tiempos para planificar el año con sentido estratégico.

En la apertura del nuevo período de sesiones ordinarias, después de despotricar con ferocidad inusitada a opositores desde el monopolio del micrófono, el presidente Javier Milei se dignó a recitar las reformas que el Poder Ejecutivo impulsará a lo largo del año

Si bien la lista de iniciativas es larga, todavía no hay movimientos a la vista, e incluso el principal tema que quedó pendiente de las sesiones extraordinarias, que es la reforma a la Ley de Glaciares, se pateó para fin de mes en la Cámara de Diputados, cuando se realizará una audiencia pública y federal.

Con un calendario poblado de feriados entre fines de este mes y principios del próximo, recién se abriría una primera ventana para sesionar en la semana del 6 al 10 de abril.

Pese a que en la Asamblea Legislativa Milei habló de presentar una decena de paquetes de proyectos por cada uno de los próximos nueve meses (una meta de por sí poco realista), la parsimonia actual obliga al menos a poner en duda semejante declaración de intenciones.

La catarata de anuncios por parte del jefe de Estado pareció más una puesta en escena para sobreactuar un dominio total del juego político y así anular a la oposición, que la honesta descripción de una estrategia parlamentaria del todo por el todo.

La poca actividad legislativa de marzo insinúa una búsqueda más selectiva, inteligente, que no intenta quemar toda la pólvora en un suspiro.

Después del vertiginoso tránsito de las sesiones extraordinarias, en las que el Gobierno celebró la nueva reforma laboral, el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el oficialismo busca recuperar aire para -con posterioridad- tomar la lanza y salir al ataque de nuevo.

La agenda legislativa para el año

La reforma a la Ley de Glaciares, que ya alcanzó media sanción del Senado sobre el final de las sesiones extraordinarias de febrero, es el próximo “checkpoint” a la vista.

Si bien es un objetivo de Milei, quien incluso planea hacer alarde del tema en Nueva York para seducir a inversores en el marco de la “Argentina Week”, queda en evidencia que no hay un apremio especial para cerrar este capítulo de manera perentoria.

Así las cosas, el Gobierno se reserva la sanción definitiva como carta de negociación con los gobernadores de provincias cordilleranas, que son los que impulsan la reforma con más celo, con la ilusión de que un cambio de reglas para la exploración y explotación de minerales críticos e hidrocarburos catapulte una avalancha de inversiones en sus territorios.

Una vez resuelto la reforma de Glaciares, el Gobierno deberá determinar el orden de prioridades dentro del abultado repertorio de reformas que anunció Milei en la Asamblea Legislativa.

Un proyecto que el presidente obvió mencionar en su discurso -lo que habilita a preguntarse si hubo una marcha atrás-, fue la propuesta de Ley de Financiamiento Universitario, con el Gobierno buscará reemplazar a la norma que la oposición votó y logró poner en vigencia el año pasado.

Para evitar tribulaciones en la Justicia que puedan generar cortocircuitos en la gestión presupuestaria, ya que existe una ley vigente que se resiste a aplicar pese al fallo de un juez que lo compele en ese sentido, el Gobierno decidió enviar su propio proyecto de Financiamiento Universitario con pautas de recomposición salarial mucho más exiguas que las presentes en la norma 27.795 votada por la oposición.

Un tema que sí desarrolló Milei en su discurso fue la reforma electoral y del régimen de los partidos políticos, una iniciativa con la que ya había amagado en la Ley Bases y con posterioridad pero que nunca se llevó a la práctica.

Al ser este 2026 un año no electoral, y luego de que el año pasado haya podido plasmar la boleta única de papel y la suspensión de las PASO, el Gobierno entiende que no puede esperar más y que deberá jugar todas las fichas ahora para modificar la reglas electorales.

La eliminación de las PASO figura al tope de las propuestas, pero el menú también incluye la eliminación de restricciones al financiamiento privado, supresión de espacios de publicidad obligatoria a partidos políticos en medios audiovisuales en períodos de campaña, y un aumento de los pisos mínimos de representatividad para participar de las elecciones con el objetivo de eliminar los “sellos de goma”.

Con la flamante incorporación de Juan Bautista Mahiques al frente de la cartera de Justicia, el Gobierno busca refrescar las energías para encarar una reforma judicial ambiciosa y profunda, que incluye la federalización de los juicios por jurados.

Otros proyectos en carpeta son una reforma del Código Civil y Comercial, del Código Procesal Civil y Comercial, del Código Aduanero, una reforma del Código Penal, una reforma tributaria que relaje la presión impositiva, una ley de “libertad educativa”, la ratificación de convenios internacionales como el firmado con Estados Unidos, y leyes de desregulación industrial y para la producción de bienes primarios.

NA.