Vecinos, comerciantes y turistas conviven desde hace años con las emanaciones de las harineras. Esperan que la intervención de la Justicia Federal pueda marcar un punto de inflexión.
Hay problemas que la política logra postergar. Otros que se diluyen en expedientes. Y algunos que, directamente, no se pueden tapar. El de las harineras del puerto de Mar del Plata pertenece a esta última categoría. Es un problema que se huele. No es una metáfora. Es literal.
Vecinos, comerciantes y turistas conviven desde hace años con emanaciones que describen como “insoportables”, que se impregnan en la ropa, invaden locales gastronómicos y condicionan la vida cotidiana en barrios enteros, desde el puerto hasta Punta Mogotes y más allá. Hay días en los que no se puede comer en una terraza, abrir una ventana o simplemente caminar sin sentir náuseas. Y eso, en una ciudad que vive del turismo, no es un detalle menor: es un problema estructural.
El dato más inquietante no es la intensidad del olor, sino su persistencia. Este no es un conflicto nuevo: lleva décadas. Hubo denuncias, causas judiciales, promesas de inversión, anuncios de plantas de tratamiento que nunca terminaron de concretarse. Y sin embargo, el problema sigue ahí, como si nada hubiera pasado.
En el caso de Mar del Plata, además, el foco está bastante identificado. El problema se circunscribe principalmente a dos plantas harineras y a un circuito productivo que incluye a las llamadas “merluceras”. Es ahí donde aparece otro eslabón crítico: distintos señalamientos indican que parte de la materia prima llega a las harineras sin los controles adecuados, en condiciones deficientes, lo que potencia la generación de olores desde el inicio mismo del proceso.
Traducido: no es solo cómo se procesa, sino qué se procesa.
Un dato clave
El puerto de Mar del Plata genera alrededor de 500 toneladas diarias de residuos de pescado. Ese volumen no es un detalle. Es el corazón del problema… y también de la solución.
Las harineras, en ese esquema, cumplen un rol estratégico. Son las que absorben y procesan ese descarte. Por eso, hay una pregunta incómoda que sobrevuela cualquier debate serio: “Si mañana cerrás las harineras, ¿qué hacés con ese pescado?”. No es una defensa corporativa; es una constatación. El problema, entonces, no es la existencia de las harineras, sino cómo funcionan.
La discusión de fondo se circunscribe a un interrogante: ¿tecnología o resignación?. Lo más incómodo de este tema es que no es un problema sin solución. De hecho, es exactamente al revés.
Hace años que organismos de control, la Defensoría del Pueblo y hasta la propia justicia han señalado que existen tecnologías capaces de eliminar –o reducir a niveles mínimos– las emisiones odoríferas. Entre ellas, biodigestores, sistemas de tratamiento de efluentes y, especialmente, los llamados termodestructores, que eliminan compuestos orgánicos mediante altas temperaturas.
La conclusión es evidente. Si el olor persiste, no es por imposibilidad técnica. Es por falta de inversión, control o decisión política. Y ahí aparece el verdadero nudo del problema.
Lo que hace el mundo
La industria de la harina de pescado no es exclusiva de Mar del Plata. Países como Perú, Chile, Noruega o Dinamarca tienen desarrollos mucho más intensivos que el argentino. Pero con una diferencia clave: los estándares ambientales son mucho más exigentes.
En ciudades portuarias europeas, por ejemplo, las plantas operan con sistemas cerrados de procesamiento, captación de gases y tratamiento térmico o químico de emisiones. En muchos casos, los olores prácticamente desaparecen antes de salir de la chimenea.
En Chile y Perú –potencias globales del sector– la presión regulatoria y la necesidad de exportar a mercados exigentes obligaron a incorporar tecnologías de control que hace décadas ya son estándar. Es decir, en otros lugares, el conflicto se resolvió.
Lo que ocurre en Mar del Plata –con olores persistentes que afectan a buena parte de la ciudad– no es lo habitual en los principales puertos del mundo.
La Justicia entra en escena
En este contexto, la intervención de la Justicia Federal puede marcar un punto de inflexión. No tanto por la novedad –porque ya hubo causas antes–, sino por la posibilidad de ordenar lo que hasta ahora fue disperso, esto es, denuncias, controles débiles y responsabilidades diluidas. El desafío es claro: pasar de la lógica del expediente a la lógica de la solución.
Porque si algo demostró la experiencia es que el problema no se corrige solo con inspecciones o multas aisladas. Requiere un abordaje integral, tecnológico, ambiental, sanitario y productivo. Y eso incluye también ordenar la cadena desde su origen: controles sobre la materia prima, condiciones de transporte y estándares mínimos que hoy aparecen, como mínimo, discutidos.
Mar del Plata convive históricamente con su perfil productivo: puerto, pesca, industria. Nadie discute eso. Lo que sí está en discusión es si ese desarrollo puede seguir funcionando bajo estándares del pasado.
La respuesta parece obvia. No se trata de cerrar fábricas ni de enfrentar producción con ambiente. Se trata de exigir lo que en cualquier otra parte del mundo ya es norma: que la actividad económica no degrade la calidad de vida de toda una ciudad.
Porque hay algo que también quedó claro: el problema –al igual que la solución– es integral. Pero hay algo que ya no admite discusión y es que las respuestas no pueden seguir demorándose.
El olor ya dejó de ser una molestia. Es un síntoma. Y cuando una ciudad empieza a naturalizar lo irrespirable, el problema deja de estar en el aire y pasa a estar en otro lado: en la falta de decisiones.