El Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022, presentado este viernes por el presidente Alberto Fernández, apunta a ser una herramienta “transversal y federal” del Gobierno para enfrentar la problemática y buscará en los próximo dos años “dotar de continuidad a una política pública de Estado”.

Entre las medidas que se intentarán implementar se destaca la posibilidad de que víctimas puedan realizar denuncias “no sólo en oficinas judiciales o policiales sino en otras agencias del Estado, como por ejemplo centros de salud o áreas locales de género”, así como la creación de dos subprogramas para la “construcción de otra masculinidad” y de “vínculos sexoafectivos responsables y diversos”.

El Plan, al que accedió NA, es el “resultado de un proceso de construcción y coordinación” entre los ministerios nacionales que pone el foco en las “violencias extremas (femicidios, travesticidios y transfemicidios)”, “la autonomía económica de las personas en situación de violencia”, y “la dimensión cultural y estructural de las violencias por motivos de género”.

Según supo Noticias Argentinas, el presupuesto para los dos años de implementación del Plan asciende a la suma total de 18 mil millones de pesos, teniendo en cuenta los ejes “Prevención” ($205.472.000), “Asistencia y Abordaje Integral” $17.671.198.000), “Protección y Fortalecimiento del Acceso a la Justicia” ($85.650.000), y “Gestión de la Información, transparencia y monitoreo” ($37.680.000).

El Plan tiene como “objetivos” ser una política nacional de “prevención”, “asistencia” y “protección” de las violencias por motivos de género, que “articula y coordina con el conjunto de programas, medidas y acciones de todo el Estado Nacional”.

Dentro de los “lineamientos estratégicos” se encuentran “la necesidad de modificar el paradigma del abordaje individual” de las situaciones de violencia por motivos de género para avanzar hacia la construcción de una estrategia “integral”, y “la decisión de llevar adelante un abordaje que no se sitúe exclusivamente en la emergencia, sino en modificar las condiciones estructurales”.

Además, establece “políticas de prevención dirigidas tanto a implementar acciones para crear un sistema de alertas tempranas como a modificar en el mediano y largo plazo patrones culturales y estructurales que sostiene las desigualdades basadas en el género”.

En ese sentido, tiene la determinación de “no reproducir esquemas de victimización y revictimización en las intervenciones de las situaciones de violencia”, además de “la inclusión de la perspectiva de la diversidad como enfoque transversal a todas las políticas, programas, medidas y acciones”.

También contempla cuestiones como “la gestión de la información en materia de violencia”, la “transversalización de política y de protección de quienes la atraviesan, en todos los ministerios del Gobierno Nacional”, y la “necesidad de implementar territorialmente las políticas de prevención”.

Asimismo, destaca “el carácter federal de las políticas y la apuesta a construir modelos de gestión integrada y flexible entre Nación, provincias y municipios”.

Por otra parte, también busca el “fortalecimiento del acceso a la Justicia de las personas en situación de violencia por motivos de género”, por lo que promueve “el acceso a la justicia como una forma de acceso de derechos, creando y diversificando las bocas de recepción de denuncias de casos de violencia por motivos de género”.

En ese marco, se buscará que “se reciban denuncias no sólo en oficinas judiciales o policiales sino en otras agencias del Estado, como por ejemplo centros de salud o áreas locales de género”.

Según indicó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta, el Plan “busca erigirse como una política pública que sea una plataforma para la acción y la transformación social, que dé respuestas concretas a la problemática de las violencias por motivos de género en Argentina y que atienda al impacto diferencial que éstas violencias tienen en la vida de las mujeres y las personas LGBTI+”.

Las principales acciones del Plan son la creación del Programa “Acompañar”, que brinda asistencia integral para personas en situación de violencias por motivo de género; la creación de Centros Territoriales Integrales de políticas de género y diversidad en todo el país; la creación de un sistema digital para emergencias en casos de violencias por motivos de género para los gobiernos locales; y la creación del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG), entre otras.

Gómez Alcorta dijo saber que es “un punto de partida, que implica el reconocimiento de parte del Estado de las desigualdades e injusticias respecto a los géneros y que pone a la lucha contra el machismo en un lugar prioritario de la agenda de gobierno, construyendo las herramientas institucionales y de gestión necesarias para abordar estos problemas de manera seria y eficaz”.

“Con este plan pasamos de un abordaje individual a uno integral e interseccional. Abandonamos un abordaje centrado sólo en la atención de la emergencia, a otro que tiene por horizonte la modificación de las condiciones estructurales que afectan a las personas en situación de violencias por motivos de género”, concluyó.