El avance del cambio climático y la presión sobre los recursos naturales volvieron a instalar el debate sobre la protección de los glaciares en Argentina, en un contexto de tensiones entre preservación ambiental y desarrollo económico.
Según advierte Federico Ignacio Isla, profesor emérito de la Universidad Nacional de Mar del Plata e investigador superior del CONICET, “el derretimiento de los glaciares se ha acelerado por la emisión de gases de efecto invernadero y provoca el aumento del nivel del mar”, en línea con las conclusiones del Panel Internacional para el Cambio Climático (IPCC).
En el país, la Ley de Glaciares permitió identificar 16.968 cuerpos de hielo bajo protección, inventariados por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Para Isla, estos reservorios son mucho más que formaciones naturales: “el hielo es un recurso crítico que asegura la provisión de agua en varias provincias, un recurso de interés social”.
Esta condición genera responsabilidades compartidas entre jurisdicciones. “Las provincias que están ‘aguas arriba’ deben asegurarle este recurso a las provincias que están ‘aguas abajo’”, señala el especialista, en referencia a conflictos históricos como el reclamo de La Pampa a Mendoza por el caudal del río Colorado.
Sin embargo, el escenario se complejiza con el avance de proyectos mineros en zonas cordilleranas. Algunos sectores promueven revisar la legislación vigente para permitir la explotación de glaciares de escombros. Isla advierte sobre los riesgos de esta postura: “el hielo no es un recurso minero más; indirectamente controla el clima global e incide en el aumento del nivel del mar”.
A nivel internacional, las investigaciones científicas aportan datos que profundizan la preocupación. Las simulaciones sobre el aumento del nivel del mar aún presentan incertidumbre, especialmente por el comportamiento de las plataformas de hielo. En ese sentido, Isla explica que “su estabilidad depende de la relación entre el hielo y el agua de mar subyacente”, lo que puede acelerar su derretimiento.
El fenómeno no es nuevo. Isla recuerda que ya en la década de 1980 el glaciólogo Louis Liboutry había advertido que “los glaciares apoyados sobre roca son más estables que aquellos con interacción con el agua”, una hipótesis que hoy vuelve a cobrar relevancia.
Si bien estudios recientes indican que gran parte de la costa antártica no ha registrado cambios significativos en las últimas décadas, existen zonas críticas en la Antártida Occidental donde el retroceso del hielo es constante, impulsado por las corrientes marinas.
Frente a este panorama, Isla plantea que cualquier modificación de la Ley de Glaciares debe contemplar principios fundamentales de la Ley General del Ambiente. Entre ellos, destaca “la prevención de efectos negativos, el principio precautorio ante la incertidumbre científica, la equidad entre generaciones, la sustentabilidad y la solidaridad frente a impactos transfronterizos”.
En un escenario global cada vez más incierto, la discusión sobre los glaciares trasciende fronteras y obliga a repensar el equilibrio entre desarrollo y conservación.