La imparable disparada del dólar, que parece no encontrar techo y quedó al filo de los $30, encuentra al Gobierno acorralado entre uno de los escenarios internacionales más adversos de los últimos años y una situación interna jaqueada por la recesión, el rojo comercial, el déficit fiscal y un delicado cuadro social.

La devaluación tiene tal potencia que es capaz de desbaratar cualquier otro dato oficial. El hecho de que el dólar haya trepado de $20 a $29 en lo que va del año tiene una capacidad de daño arrolladora para cualquier política.

El mayor riesgo para la administración de Mauricio Macri es que la capacidad devastadora de la divisa estadounidense haga naufragar todos los intentos del gobierno de encaminar una economía golpeada desde todos los frentes.

Mauricio Macri, poco afecto a los cambios, debió despedir al jefe del BCRA y jugar la carta de Luis Caputo -ponderado por los mercados- para tratar de contener la devaluación, a la vez que buscaba el paraguas de los U$S 50.000 millones del FMI. Pero nada parece alcanzar ante la desmesurada demanda de dólares por parte de grandes y pequeños inversores.

A esta altura se podría preguntar qué hubiese sido de su gobierno si no obtenía semejante respaldo internacional. Como pirañas, los dueños del dinero aprovechan el delicado frente provocado por los déficits gemelos, fiscal y comercial, y la necesidad de financiamiento de la Argentina.

Por ahora, todas son malas noticias, empezando por el frente externo, ya que al daño provocado por la sequía, que provocó pérdidas por u$s 5.000 millones este año, se suman múltiples datos negativos. El precio de la soja es de u$s 320 la tonelada, cuando en 2015 era de U$S 410 y en 2008 llegó a U$S 650.

A esto se suma que el barril de crudo llegó a u$s 74 en Estados Unidos, el valor más alto desde 2014, luego de que en octubre del año pasado se decidió liberar el precio interno de las naftas para lograr un “mercado normalizado”, algo que podría entrar en revisión ante el nuevo escenario.

En el Gobierno creen que esa decisión fue uno de los principales efectos inflacionarios del primer trimestre del año. Ni siquiera la decisión de Morgan Stanley de elevar a “emergente” a la Argentina tuvo hasta ahora gran impacto para atraer inversiones a una Bolsa porteña golpeada por la aversión al riesgo. A esto se suma el efecto demoledor de la guerra comercial con consecuencias inesperadas entre Estados Unidos y China.

A esta altura, todo indica que para poder cumplir la meta de reducción del déficit en un contexto recesivo deberán postergarse parte de las rebajas impositivas. Y si bien congelar la baja de retenciones a las exportaciones de soja por ahora fue desechado, podría implementarse si los números siguen dando mal, como se prevé.

Es que la actividad industrial de mayo registró una caída de 1,2% en comparación con igual período de 2017, y la construcción desacelera su ritmo de crecimiento: sólo 5,8% de crecimiento marcó para ese mes. Pero uno de los puntos que más inquieta a los operadores financieros está vinculado con el cumplimiento de las exigentes metas fiscales impuestas por el Fondo. El organismo ya desembolsó U$S 15.000 millones de los U$S 50.000 millones comprometidos.

El problema es que si en septiembre la Argentina no puede demostrar el cumplimiento de los objetivos firmados, podría demorarse la llegada de nuevos fondos, lo que obligaría al gobierno a barajar y dar de nuevo, y convertir a la economía argentina en un tembladeral. Algo así como una nueva versión del infierno tan temido.