Cámaras empresarias se reunieron con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Alertaron que la combinación de costos en dólares, los precios internacionales a la baja y la presión impositiva hace "insostenible" la actividad. La eliminación de las retenciones es, para el sector, "una necesidad imperiosa".
Los principales referentes de la industria pesquera argentina se reunieron con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, y con el subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, para plantearles la “crítica situación” que atraviesa el sector y reclamar la eliminación de los Derechos de Exportación (DEX) como condición necesaria para evitar una nueva parálisis de la actividad, con el consecuente impacto sobre el empleo y las economías del litoral marítimo.
De la reunión participaron la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), junto con otras entidades del sector.
Tras el encuentro aclararon que, a pesar de haber generado USD 2.010 millones en divisas en 2025 -el segundo mejor registro histórico— la combinación de costos en dólares, los precios internacionales a la baja y la presión impositiva hace “insostenible” la actividad y que, en ese sentido, la eliminación de las retenciones se volvió “una necesidad imperiosa”.
Eduardo Boiero, presidente de CAPECA, respaldó el ordenamiento macroeconómico que lleva adelante el Gobierno y destacó el esfuerzo propio del sector por ajustar su microeconomía. Pero fue preciso sobre los límites de ese esfuerzo: “Enfrentamos costos en dólares muy elevados y precios a la baja en los mercados internacionales. En ese contexto, los Derechos de Exportación —que oscilan entre el 5% y el 9% según el producto— nos colocan ante una imposibilidad real de competir con países que no aplican este impuesto”.
Boiero remarcó además el peso social del sector: la industria pesquera emplea aproximadamente 46.000 trabajadores en las comunidades costeras del país. “Una nueva paralización, como la que ya vivimos en 2025 con pérdidas que superaron los 200 millones de dólares en exportaciones de langostino, no es sólo un daño económico: es un daño social que afecta a miles de familias en cada ciudad del litoral marítimo”, advirtió.
Por su parte, Facundo Godoy, vicepresidente de CAPIP, puso números concretos al sacrificio que realizó la flota tangonera durante 2025: una parada que representó la mitad de la temporada de pesca y una caída del 50% en las capturas y exportaciones de langostino. “Ese costo económico fue irrecuperable. La quita de retenciones hubiera compensado, al menos en parte, lo que el sector resignó. No ocurrió, y eso profundiza la brecha entre lo que se les pide a los privados y lo que el Estado aporta en términos de competitividad”, señaló.
Las cámaras describieron además otros factores que presionan sobre la rentabilidad de la actividad: el atraso en el recupero del IVA —que genera problemas de liquidez y financia, en los hechos, al Estado—; los elevados costos de mantenimiento de las flotas en un contexto de insumos dolarizados; y el pago de los Derechos Únicos de Extracción (DUE). “Cada uno de estos factores sería difícil de absorber por separado. Juntos, forman un combo que coloca al sector en estado de crisis”, coincidieron los representantes empresarios.
Las entidades destacaron la buena predisposición de los funcionarios, destacaron su conocimiento de la realidad del sector. El planteo de la industria es inequívoco: la eliminación de los Derechos de Exportación para la actividad pesquera es una necesidad imperiosa, en línea con lo que ya se ha discutido para otros sectores del agro. “La pesca no pide un trato especial. Pide igualdad de condiciones frente a países competidores que no gravan sus exportaciones. Sin eso, los números no cierran y el riesgo de una nueva parálisis es real”, concluyeron.