El Tribunal Federal inspeccionó los inmuebles del pastor acusado por trata
La recorrida se realizó en la iglesia El Shaddai, en el barrio Pueyrredon, y en el “Programa Cristiano de Rehabilitación de Adicciones (PCRA)”. Del operativo participó el juez Roberto Falcone, la fiscal y el imputado Roberto Tagliabué.
Inspección ocular en uno de los inmuebles del pastor.
En el marco del juicio contra el pastor evangélico acusado por los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral agravada, este lunes el Tribunal Federal realizó la inspección ocular del lugar donde funcionaba la iglesia El Shaddai y el “Programa Cristiano de Rehabilitación de Adicciones (PCRA)”, donde tuvieron que irrumpir junto a personal de la Policía Federal ya que el inmueble se encuentra tomado desde hace meses.
En la pericia estuvo presente el juez federal Roberto Falcone, la fiscal Laura Mazzaferri y el pastor Roberto Tagliabué, quien fue trasladado desde la cárcel y recorrió el lugar esposado junto a las partes, quien estuvo acompañado de su abogado Mauricio Varela.
Esta medida de prueba busca que los jueces, la fiscalía y la defensa puedan observar directamente el espacio señalado en la causa y contrastar lo que se describió en los testimonios. En los juicios por trata de personas, este tipo de recorridas permiten corroborar distancias, accesos, condiciones edilicias y contextos en los que presuntamente se desarrollaron las conductas investigadas, y sirven para despejar dudas antes de los alegatos finales. De este modo, el tribunal tendrá una apreciación más concreta y directa sobre el escenario en el que, según la acusación, el pastor habría explotado laboralmente a las víctimas.

El juez Falcone junto al pastor imputado.
Según vecinos, el inmueble de Génova 8149, donde funcionaba el “Programa Cristiano de Rehabilitación de Adicciones (PCRA)”, un supuesto hogar de asistencia que operaba sin habilitación alguna ni personal médico, se encuentra usurpado desde hace un año. Si bien no había ocupantes al momento de hacer el operativo, el personal de la Policía Federal tuvo que derribar puertas de ingreso y recorrer el lugar por protocolo, para confirmar que no hubiese nadie en su interior.
Cuando la policía confirmó que era seguro ingresar al lugar, los uniformados bajaron a Tagliabué del vehículo en el que había sido trasladado y vecinos que miraban el operativo y seguidores del pastor comenzaron a aplaudirle en señal de apoyo y a gritarle que “aguantara”.
Finalmente, las partes fueron hasta el templo del pastor Tagliabué, “Iglesia El Shaddai”, ubicado en Brumana 2261, donde además funcionaba un comedor en el que se alimentaban unas 170 personas.
El juicio seguirá el próximo lunes 29 de septiembre con el alegato de la fiscal Mazzaferri, quien pedirá que se lo condene a Tagliabué por los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral agravada, privación ilegítima de la libertad y ejercicio ilegal de la medicina.
Luego será el turno de la defensa, a cargo del abogado Mauricio Varela, quien desde el inicio de la causa sostiene la inocencia del pastor evangelista.
La acusación
En concreto, Tagliabué está acusado de haber captado y acogido, valiéndose de su calidad de pastor de la iglesia El Shaddai -ubicada en el barrio Pueyrredón, a unos seis kilómetros del centro de Mar del Plata hacia el suroeste-, y utilizando engaños y violencias a una multiplicidad de personas -nueve son las víctimas de este caso elevado a juicio- en situación de “suma vulnerabilidad”.
Según la acusación fiscal -expuesta por las representantes del MPF en la audiencia inicial del lunes pasado- , los hechos se encuadran entre el 2001 y agosto de 2022 cuando se realizó el último allanamiento por orden de la Justicia Federal. En su mayoría, las víctimas son varones jóvenes -uno de ellos captado cuando aún era menor de edad y otro con una situación de discapacidad-, que atravesaban serios problemas de adicciones, habitacionales y económicos, y en algunos casos también tenían conflicto con la ley penal.
Algunos de ellos fueron derivados incluso por la justicia provincial para cumplir con normas de conducta que les permitieran acceder a la suspensión de sus procesos o tener un régimen morigerado de prisión, situación que era aprovechada por el imputado, a fin de captar a las víctimas o mantenerlas en situación de explotación.
La finalidad de las maniobras investigadas, según estableció la fiscalía, era la explotación laboral, que se daba a través de la venta ambulante, la atención de dos negocios que tenía el pastor en la zona o bien con tareas de mantenimiento en la iglesia.
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