Por Prof.Luis Distefano

En los últimos años, el denominado UPD (Último Primer Día) se instaló como una tradición entre los estudiantes que comienzan su último año de secundaria. La escena se repite cada año: grupos de adolescentes que celebran durante la madrugada, muchas veces con consumo excesivo de alcohol o sustancias, y que luego se presentan en la escuela para “festejar” y ser recibidos por directivos y docentes que son “invitados” por las autoridades educativas provinciales a preparar el desayuno y recibirlos en las instalaciones donde concurren, además, otros alumnos de años inferiores a los que hay que preservar también.

Lo que en apariencia podría interpretarse como un ritual juvenil de despedida de la escuela, en realidad se ha convertido en un síntoma preocupante de la crisis educativa que atraviesa la secundaria bonaerense.

La imagen de alumnos llegando a clases alcoholizados, descompuestos o directamente incapaces de participar de una jornada escolar plantea una pregunta inevitable: ¿qué sentido educativo puede tener un primer día de clases en esas condiciones?

Sin embargo, la situación adquiere una dimensión todavía más compleja cuando las propias autoridades educativas provinciales transmiten a las instituciones que los estudiantes deben ser igualmente recibidos en la escuela, aun cuando se encuentren en evidente estado de intoxicación alcohólica. En los hechos, esto deja a directivos y docentes en una posición incómoda: se les exige sostener una actividad pedagógica para el resto de los estudiantes, en un contexto que contradice cualquier principio básico de cuidado y responsabilidad institucional.

El problema, por supuesto, excede largamente al UPD.

El fenómeno es apenas una manifestación visible de un proceso más profundo de desdibujamiento del sentido de la escuela secundaria. Durante décadas, la institución escolar fue un espacio donde existían reglas claras, jerarquías pedagógicas y una cultura basada en el esfuerzo, el respeto y la responsabilidad. Hoy, en cambio, muchos establecimientos se ven obligados a gestionar situaciones que poco tienen que ver con el aprendizaje.

La autoridad docente, históricamente central en el proceso educativo, ha sido progresivamente debilitada. Las normas de convivencia se volvieron difusas, la disciplina pasó a ser interpretada como una forma de autoritarismo y la exigencia académica quedó atrapada en discursos que confunden inclusión con ausencia de límites.

En ese contexto, el UPD aparece casi como una metáfora perfecta del momento educativo actual: una escuela que debe abrir sus puertas mientras sus egresados celebran exactamente lo contrario de lo que debería representar el inicio de un ciclo formativo.

No se trata de negar la dimensión social y emocional que tiene para los adolescentes transitar el último año de la secundaria. Los rituales de cierre de etapa existen en todas las culturas y pueden ser valiosos. El problema aparece cuando esas celebraciones quedan completamente desvinculadas de la lógica educativa y terminan naturalizando conductas que ponen en riesgo a los propios estudiantes.

También sería simplista atribuir el fenómeno únicamente a “la sociedad” o a “la situación económica”, explicaciones que suelen repetirse cada vez que aparecen episodios de violencia o desorden en las escuelas. En muchos casos, los adultos que hoy acompañan a esos jóvenes —padres, familias, incluso autoridades— fueron formados por un sistema educativo que desde hace décadas viene debilitando sus propios pilares.

Cuando la escuela deja de transmitir valores claros, cuando se relativizan las normas y cuando el esfuerzo pierde centralidad, las consecuencias tarde o temprano se manifiestan.

El desafío, entonces, no es prohibir el UPD ni ignorar su existencia, sino recuperar el sentido educativo de la escuela secundaria. Eso implica volver a colocar en el centro algunos principios que durante años fueron desplazados: la autoridad pedagógica del docente, la disciplina como condición para el aprendizaje, el mérito como motor de superación y la responsabilidad adulta frente a los jóvenes.

La escuela no puede competir con la cultura del entretenimiento permanente ni con la lógica de la inmediatez que domina a la sociedad contemporánea. Pero sí puede —y debe— ofrecer algo diferente: un espacio de formación intelectual, moral y cívica que prepare a los jóvenes para asumir responsabilidades en la vida adulta.

En este contexto, también es tiempo de que las instituciones escolares recuperen parte de su autonomía y de su capacidad de decisión. Los directores de escuela no pueden limitarse a administrar problemas: deben animarse a ejercer liderazgo pedagógico. En nuestra ciudad, algunas escuelas privadas venían implementando desde hace tiempo la regulación o directamente la prohibición del uso del teléfono celular durante la jornada escolar. Este año se han animado muchas más e incluso algunas de gestión estatal. Esto debe resaltarse como positivo porque la presión de los Inspectores por evitar todo lo que implique “prohibir” o “sancionar” es en éstas más evidente.

Debemos comenzar a tomar medidas concretas para restablecer condiciones básicas de enseñanza, más allá de las políticas educativas de turno plasmadas, por ejemplo, en el Régimen Académico del Nivel Secundario que fue aprobado unánimemente por los consejeros generales de educación del peronismo, la UCR y el PRO y que, directivos y docentes sin distinción ideológica, cuestionamos por sus pésimos resultados.

La escuela necesita volver a marcar límites claros si pretende cumplir su función formativa.

Tal vez el verdadero debate no sea sobre una fiesta adolescente, sino sobre qué tipo de escuela quiere construir la sociedad argentina para las próximas generaciones. Porque cuando el primer día de clases comienza con estudiantes alcoholizados, el problema ya no es de los alumnos: es de los adultos que dejaron de marcar el rumbo. Y recuperar ese rumbo exige, entre otras cosas, que las propias instituciones educativas vuelvan a ejercer con convicción su autoridad pedagógica.