El circuito del dinero comenzaba en las expensas no pagadas de un edificio de la zona de la exTerminal y terminaba en los cimientos de una torre de dieciocho departamentos sobre la calle Alvarado.

Así funcionó el sistema durante más de una década bajo la fachada de una administración de consorcios y que ahora llegó a su etapa definitiva en los tribunales federales de la ciudad.

El Juzgado Federal Número 3 de Mar del Plata resolvió elevar a juicio la causa por lavado de activos contra Nora Iris Jaime, Marcelo Daniel Salminci y Pablo Sebastián Salminci. La decisión convalidó el requerimiento planteado por la Fiscalía Federal Número 2, a cargo de Santiago Eyherabide, y rechazó la oposición presentada por la defensa de los tres imputados.

La hipótesis acusatoria dio por probado que la familia Salminci utilizó los activos obtenidos mediante la defraudación al Consorcio de Propietarios del Edificio Semar XI, ubicado en Arenales 2319, para adquirir el terreno de Alvarado 2126, ejecutar la demolición de la estructura previa y construir un edificio de propiedad horizontal de ocho plantas.

La causa conocida como Causa Salminci es un desprendimiento de un expediente que tramitó en el fuero provincial y terminó con la condena, a través de un juicio abreviado por parte del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 del Departamento Judicial Mar del Plata, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional para la esposa y dos hijos del principal acusado, fallecido en febrero de 2021 durante el transcurso de las actuaciones.

El 8 de septiembre de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal Número 1 de Mar del Plata condenó a Marcelo Salminci, Pablo Salminci y Nora Jaime como integrantes de una asociación ilícita. En esa misma causa, el abogado Marcelo Salminci recibió condena por administración fraudulenta y estafas procesales reiteradas, mientras que Jaime fue declarada partícipe necesaria.

El mecanismo previo combinaba la emisión de certificados de deuda falsos por expensas, la traba de juicios ejecutivos con domicilios apócrifos para impedir la defensa de los propietarios y la compra de cocheras en remates judiciales mediante arreglos con la organización conocida como “La Liga”.

Con los dividendos del esquema, el 27 de diciembre de 2013 la familia compró el lote de Alvarado 2126 por un valor formal declarado de 590.000 pesos. A partir de 2014, el terreno de 242 metros cuadrados se convirtió en el epicentro de la maniobra de estratificación del dinero. La Dirección de Obras Privadas de la comuna aprobó el permiso de edificación para una estructura superior a los 1000 metros cuadrados cubiertos.

Durante los nueve años que demandó la obra, finalizada en noviembre de 2023, los Salminci derivaron de forma directa los gastos de construcción hacia las cuentas del consorcio perjudicado. En los allanamientos ordenados en el fuero provincial se secuestraron facturas e insumos por 5.411.318 pesos con 60 centavos emitidos a nombre del Consorcio Semar XI o de la firma Salminci SRL, pero con domicilio de entrega confirmado en la obra de calle Alvarado.

Entre la documentación reservada en el expediente figuran comprobantes de Plastigas por materiales de plomería, compras de hormigón elaborado a la firma Imepho, pagos a Ascensores Cóndor y facturaciones de la empresa Ciageser por el alquiler de contenedores de obra cargados a la liquidación de expensas del edificio de la calle Arenales.

El informe elaborado por la perito oficial del Cuerpo de Tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fabiana Castillo, estableció que el costo de la construcción del edificio ascendió a 752.729.000 pesos, monto que sumado al valor del lote y los trabajos de demolición completó una tasación global de 756.005.837 pesos con 80 centavos.

El perfil fiscal de los involucrados expuso la imposibilidad de afrontar la inversión con recursos genuinos. Nora Jaime percibía una pensión no contributiva con un haber de 8.378 pesos en 2018 y un nivel socioeconómico D1 en Nosis. Marcelo Salminci figuraba inscripto en la categoría C del Monotributo, régimen del cual la AFIP lo excluyó de oficio tras detectar compras de bienes registrables por valores incompatibles con sus ingresos. Su hermano Pablo Salminci, de profesión martillero, revistaba en la categoría B del mismo régimen.

La etapa final de integración se consumó con la colocación de las unidades funcionales en el mercado inmobiliario formal. Constataciones policiales realizadas en el edificio de Alvarado 2126 verificaron la existencia de contratos de alquiler vigentes sobre los departamentos del tercero, cuarto y quinto piso, cuyos cánones eran percibidos directamente por los imputados.

El juez resolvió que las conductas encuadran en el delito de lavado de activos en calidad de autores, al haberse superado la condición objetiva de punibilidad de 150 salarios mínimos fijada por la ley 27.739. El expediente fue derivado al Tribunal Oral en lo Criminal Federal para la realización del juicio.