El gobierno de España decidió prohibir las operaciones de pesca de sus buques arrastreros en las aguas de Malvinas.

La sorpresiva medida fue adoptada bajo el argumento de que es necesario preservar los ecosistemas existente en torno al archipiélago, expuestos a una actividad extractiva que no es regulada por ningún organismo regional.

Con esta decisión, al menos 20 buques que operaban en las aguas en disputa con Gran Bretaña, gracias a las licencias otorgadas por los isleños, cesarán su actividad en el Atlántico Sur.

Al dar a conocer esta drástica medida, el presidente de la Confederación Española de Pesca, Javier Garat, invitó a otros países a que también dejen de operar en la zona.

Según la prensa española, su mensaje estuvo especialmente dirigido a Corea, China y Taiwan, que poseen decenas de barcos operando sobre la Plataforma Continental, en el área ocupada por los británicos, cuya soberanía es reclamada por la Argentina.

La actitud de España está teniendo por estas horas una amplia repercusión en la industria pesquera local.

El presidente del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), Oscar Fortunato, compartió los argumentos de los españoles y marcó la necesidad de que “la pesca en Malvinas sea regulada y con participación de nuestro pais mientras dure la usurpación inglesa”.

Y dijo que las empresas locales tienen interés en que Argentina esté involucrada en esa discusión, “siempre y cuando nuestra Cancillería lo defina como política a seguir”.

Fortunato subrayó que las especies sobre las cuales operan los buques de arrastre con licencia de Malvinas habitan la misma Plataforma Continental y son migratorias, por lo que la actividad extractiva que se realiza en esa área impacta de manera decisiva en la actividad pesquera argentina.

“Sin ceder en nuestros reclamos de soberanía creemos necesario que el Estado se involucre en el ordenamiento de la pesca en esta zona”, señaló.

Fortunato ligó además este planteo con la posibilidad de que Argentina y Gran Bretaña inicien un diálogo sobre intereses comunes en torno a Malvinas, relacionados con los vuelos hacia el archipiélago y la explotación hidrocarburíferas.

“Si la Cancillería lo considera, sería bueno que también se incluyera en la agenda el tema pesquero”, indicó.