El Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) manifiesta su “total preocupación” por el dictamen de mayoría con que el oficialismo logró alzarse en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, el pasado miércoles 24 y que permitirá debatir en el recinto de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Los empresarios consideran que la propuesta es “nefasta para la actividad” y advierten sobre la posibilidad de “accionar judicialmente contra toda norma que produzca un daño o menoscabo a los derechos de sus asociados”.

El Poder Ejecutivo envió una modificación al proyecto original, admitiendo que “es sano escuchar, corregir, aprender”. Sin embargo, para las empresas es “grave y preocupante que aduciendo la necesidad de mejorar la recaudación, insista en propiciar la licitación de las cuotas pesqueras al mejor postor como método para lograr una mejor recaudación y cambiar un sistema que no está cuestionado por ninguno de los operadores del sector, ni tampoco por las provincias con litoral atlántico, quienes con el Poder Ejecutivo Nacional tienen representación en el Consejo Federal Pesquero”.

El Art. 27 de la ley actual establece que para poder obtener una cuota de captura, es necesario primero contar con un permiso de pesca y luego superar la aprobación que realiza el Consejo Federal Pesquero al evaluar las inversiones realizadas, la mano de obra ocupada, el promedio de capturas legales realizada por la empresa, el promedio de toneladas de productos pesqueros elaborados por la misma y además, verificar si la empresa tiene sanciones por incumplimiento de la legislación pesquera. En el proyecto propuesto todo eso se deja de lado.

A lo largo de estos días las organizaciones y sectores relacionados con la pesca y la industria naval han explicado de manera detallada, minuciosa y con datos precisos los puntos a favor del actual sistema que son:
Protege los recursos naturales; otorga seguridad jurídica; promueve la previsibilidad; tiene en cuenta el mérito de las empresas y trabajadores nacionales; respeta los derechos adquiridos; se ajusta a Tratados de Derechos Humanos de raigambre constitucional; tiene respaldo en las normas del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO; tutela el empleo y la industria nacional; dota de transparencia al sistema; desde diciembre de 1997 a la fecha la litigiosidad contra el régimen vigente es prácticamente nula no ocasionando costes al erario público afrontando demandas contra el Estado. “El sistema de licitaciones traerá todo lo opuesto”, sostienen las empresas.

Por otro lado, la actual Ley Federal de Pesca define que es el Consejo Federal Pesquero quien establece los derechos de extracción y fija los cánones por el ejercicio de la pesca. “Si se considera que hasta ahora la pesca no brindó regalías convenientes, podrían proponerse otros valores en los cánones y derechos de extracción, y eso podría realizarse actualmente sin mediar otro tipo de cambio, ya que el Poder Ejecutivo Nacional tiene cinco votos sobre 10 posibles en el Consejo Federal Pesquero y doble voto en caso de empate”, afirman en un comunicado.

Respecto de la modificación de los derechos de exportación (DEX) que se incluyen en la Sección VI- Derechos de Exportación en los Artículos 200 y 201, solicitan mantener los valores vigentes (entre el 0 y el 9%). La actual segmentación en los DEX tiene como lógica fomentar el agregado de valor basado en la estructura de costos de cada producto, algo que llevó años de análisis y negociaciones con distintos gobiernos, y que ahora pretenden unificar con una tasa única del 15%, lo cual solo propiciará minimizar el agregado de valor en los productos, afectando y poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo.

“Si el proyecto original era malo, la actual propuesta no es mejor, es nefasta para la actividad”, remarcan y agregan que el proyecto de modificación de la Ley Federal de Pesca, ya causó “un daño gravísimo a toda la actividad pesquera y también a la industria naval, ya que ningún operador pesquero continuará con los proyectos de inversiones o de construcción de barcos si no tiene certeza de si va a poder mantener las actuales cuotas de captura que tiene o si las mismas podrán pasar a un mejor postor”.

Por último, CEPA apela a que “los legisladores que entendieron las razones que se les brindaron para considerar totalmente inconveniente el proyecto presentado, cumplan con su palabra y voten rechazando en su totalidad todo lo referido a la pesca”.