En medio del segundo paro nacional impulsado por los sindicatos de la CGT, el Gobierno llevará adelante una jornada de trabajo normal y anunció que reunirá al Gabinete Nacional para delinear su estrategia frente a las conversaciones por la Ley Bases y evaluación de las tensiones sociales.

La administración de Javier Milei minimizó hasta ahora el impacto de la protesta, desestimando su relevancia y calificando a los sindicalistas como representantes del “fundamentalismo del pasado”.

La jornada comienza hoy temprano con la reunión de gabinete de ministros en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada y se espera la presencia del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, ofrecerá su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada. “Estamos comprometidos con el desarrollo de Argentina y no permitiremos que un grupo minoritario impida el crecimiento de nuestro país”, declaró Adorni en las últimas horas.

Por la tarde, las actividades continuarán con el secretario de Prensa, Eduardo Serenellini, quien a las 14:00 participará en la reunión semanal de voceros en Casa Rosada, coordinando estrategias de comunicación y mensajes con los responsables de prensa de los distintos ministerios.

En paralelo, el Ministerio de Defensa también mantendrá una agenda activa. A las 14:00, el ministro Luis Petri estará presente en la Base Aérea de El Palomar para despedir al avión Hércules que partió con ayuda destinada a las poblaciones afectadas por las inundaciones en el sur de Brasil. Luego, a las 16:00, Petri participará en el aniversario del Regimiento de Artillería 1 “Brigadier General Tomás de Iriarte”, en Campo de Mayo.

La jornada de ayer cerró con el presidente Milei publicando un mensaje contundente en su cuenta de Instagram: “Yo no paro”.

El paro, convocado por segunda vez en menos de un mes, busca presionar al Gobierno para que revierta sus políticas de flexibilización laboral, desregulación de precios y reducción del gasto público. Los líderes sindicales acusan al Gobierno de implementar un programa económico que afecta los derechos de los trabajadores y perjudica a las clases medias y bajas.