Por Ramiro Melucci

Mientras estudiaba el pliego para licitar la disposición final de residuos, a Paula Mantero, de Acción Marplatense, se le ocurrió el sábado de la semana pasada hacer una visita para corroborar en el lugar el estado del predio.

Lo que parecía un plan asequible se volvió irrealizable. A pesar de que llevó la credencial de concejal, no la dejaron entrar. Mantero sacó el teléfono y buscó comunicarse con el presidente del Emsur, Sebastián D’Andrea. El funcionario no la atendió. Se subió de nuevo a su auto –había ido con un colaborador– y recorrió el perímetro del predio para sacar fotos. Una camioneta se le acercó raudamente, bajaron dos individuos con camperas del ente y le dijeron que tampoco, ni siquiera desde la vía pública, se podía tomar fotografías. Como si lo que se hiciera dentro del predio fuera un secreto.

Ese episodio desafortunado, intimidatorio, precedió la exposición del titular del Emsur en la Comisión de Ambiente del Concejo, el último jueves. D’Andrea explicó que vio el mensaje de Mantero tarde, dijo que “no corresponde ningún tipo de intimidación”, asumió toda la responsabilidad de lo ocurrido y pidió disculpas. También argumentó que no hubo intención de ocultar nada, sino que se trató de una restricción excesiva por motivos de seguridad. “Todo lo que está dentro del predio se puede mostrar”, agregó. Eso sí: se manifestó partidario de las “visitas coordinadas”, no de las sorpresivas.

La intención de la concejala no debería haber llamado la atención de nadie. A mediados de junio, cuando comenzó el tratamiento del pliego, hubo dos mociones: la de invitar a D’Andrea a la comisión y la de hacer una recorrida por el predio. Parecía más lógico hacer la visita primero e invitar al funcionario después, pero el titular del Emsur se presentó la semana pasada y la recorrida por el predio se planifica para los próximos días. Por eso no extraña que ya haya ediles que estén pidiendo que el funcionario vuelva al Concejo después de la visita guiada. 

Lo cierto es que el presidente del Emsur aportó en la comisión datos que no eran de dominio público. El viernes vence, con prórroga y todo, la contratación de las tres empresas que desarrollan tareas en el predio desde que Ceamse se fue: Esur, Ashira y Ciageser. El pliego licitatorio que comenzó a debatirse es para reemplazarlas con una sola concesionaria. Está claro que los tiempos de tratamiento no dan y que habrá que recurrir a una nueva prórroga de emergencia.

De acuerdo con la última redeterminación de precios, el municipio destina un total de $ 46 millones mensuales para pagarles a las tres empresas. A la que resulte ganadora de la licitación le abonará $ 63 millones por mes. La diferencia, explicó D’Andrea, obedece a los adicionales de personal y equipamiento que plantea el pliego.

Otro dato: Ceamse dejó inconclusa la obra del sector C del predio, que tuvo que terminar el Emsur a través de otra contratación. Y a fin de año el municipio piensa contratar la construcción del módulo 2. La necesidad de ampliación del predio es un hecho, más allá de la expectativa que puede generar uno de los anuncios de D’Andrea: que las empresas que se postulen en la licitación deberán ofrecer tecnología para reducir los volúmenes de basura con el fin de extender la vida útil del relleno.

El viernes vence, con prórroga y todo, la contratación de las tres empresas que desarrollan tareas en el predio desde que Ceamse se fue. Habrá una nueva prórroga de emergencia. 

El debate de la disposición final de residuos empieza a tomar forma al mismo tiempo que el municipio se prepara para otra disputa judicial. Ya no por el desembarco de las petroleras, sino por la ordenanza que regula la Zona Roja. El Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata, que funciona en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de la Nación, presentó un recurso de amparo en la Justicia Federal para frenar su aplicación. La considera inconstitucional.

La movida no solo sorprendió al oficialismo, sino también al Frente de Todos. La bancada opositora estaba dando vuelta la página cuando un organismo dependiente del Gobierno nacional reavivó la discusión sin consulta previa. El Comité para la Lucha contra la Trata es presidido por Gustavo Vera, fundador de la ONG La Alameda, y según la ley que lo creó (la 26842) está conformado por un representante del Ministerio de Seguridad, uno del Ministerio de Justicia, uno del Ministerio de Desarrollo Social y otro del Ministerio de Trabajo.

Juntos por el Cambio le apuntó a Vera: dijo, a través de Agustín Neme, que desconoce por completo la realidad local. Y lo invitó a pasar una noche con los vecinos. No es raro que el oficialismo local haya respondido en ese tono: el debate le granjea réditos políticos con los frentistas afectados.

Tras la aprobación de esa ordenanza, JxC buscará avanzar en la aprobación de otro proyecto que considera clave en materia de seguridad: el del sistema de reconocimiento facial para detectar prófugos. La semana que pasó parecieron delinearse los primeros puentes con la oposición. El Frente de Todos trocó las alusiones a un supuesto intento de espionaje por un listado de requisitos para acompañar el expediente. Uno de los más importantes fue el de que se haga por licitación y no por contratación directa. Sin perder tiempo, el gobierno ya dijo que no tiene inconvenientes en hacerlo de esa forma.

Otro pedido del FdT es que se desarchive el proyecto que buscaba realizar una jornada de trabajo para que se escuchen todas las voces. Y otro, sustancial, es que se asegure que no se vulnerarán derechos ni se filtrarán datos. “Debe quedar claro quién va a manejarlos”, insisten en el bloque opositor.

El subsecretario de Legal y Técnica, Mauro Martinelli, pareció escucharlo al redactar el informe que envió al Concejo. Advirtió la necesidad de crear organismos de control interno para asegurar que los datos biométricos solo sean utilizados para la investigación de delitos y se eliminen los que no tengan coincidencia con las bases policiales y judiciales. “Es necesario lograr el equilibrio del uso de esta tecnología que es útil para la seguridad de la ciudadanía con el respeto de los derechos de privacidad individuales”, señaló.

El secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, también había contestado por escrito las preguntas de los concejales. A último momento se añadió además el informe del secretario de Economía, Germán Blanco, por lo que la Comisión de Legislación retomará mañana el debate del expediente.

Menos generoso con la información es el gobierno municipal en asuntos más delicados. No dijo una palabra sobre la presencia de una patrulla municipal en el cumpleaños de Mauricio Ríos, que terminó con el crimen de Maximiliano Rihl. Tampoco de los presuntos vínculos del organizador de la fiesta con funcionarios del área de Seguridad. Ni las revelaciones periodísticas, ni los detalles de la investigación judicial ni la presentación de dos pedidos de informes (uno del Frente de Todos y otro de Acción Marplatense) alteraron su mutismo.

La decisión oficial es no hablar públicamente del tema y contestar, cuando lleguen al Ejecutivo, los requerimientos del Concejo, que serán acompañados por el oficialismo. La única manera de hacerlo sin exponerse a repreguntas incómodas ni debatir por los medios. Una forma que no ofrece, sin embargo, la ventaja de disipar ya todas las sospechas.