La cifra de migrantes que viven en España en situación administrativa irregular sigue creciendo y ya se sitúa en 840.000 personas, el 91 % procedentes del continente americano, especialmente de Colombia, Perú y Honduras, según el centro de análisis Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros).

Un 17,2 % de la población extranjera procedente de países no comunitarios viven en España en situación irregular, según la estimación realizada a partir de la diferencia entre la población que reside efectivamente en España según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y las personas extranjeras que sí tienen permiso de residencia, son beneficiarios de protección internacional o están en trámites de conseguirlo.

Estos datos, relativos al 1 de enero de 2025, apuntan a un crecimiento notable y sostenido del número de extranjeros en situación irregular desde 2017, cuando la cifra estimada ascendía a unos 107.000, el 4,2 % de la población extracomunitaria residente en España.

Por origen, destacan las nacionalidades del continente americano (760.000), que representan el 91 % del total de la inmigración irregular, y en especial la colombiana (cerca de 290.000), la peruana (casi 110.000) y la hondureña (90.000), mientras que las nacionalidades africanas (50.000), asiáticas (15.000) y europeas (14.000) se encuentran a bastante distancia.

Los datos son anteriores a la última reforma del reglamento de extranjería español, que entró en vigor en mayo del 2025 e introduce cambios para flexibilizar el acceso a la regularización por arraigo, por lo que “tendería, en principio, a reducir la cifra de irregulares”.

Sin embargo, Funcas precisa que, si mantienen las dinámicas actuales, aunque se cumplieran las estimaciones del Gobierno español-que la nueva normativa permita regularizar a 900.000 personas en tres años- el número de residentes en situación irregular no disminuiría, sino que se estabilizaría.

La directora de Estudios Sociales de Funcas, María Miyar, reconoce que el nuevo reglamento “contribuirá, seguramente, a la integración social de muchos inmigrantes”, pero denuncia la “escasa planificación de la política migratoria española”.

Para reducir de verdad las cifras, el informe apunta a la necesidad de medidas que mejoren el manejo de los flujos migratorios y que se enmarquen en una estrategia amplia de crecimiento económico y productividad, orientando la inmigración hacia sectores de la economía con escasez de mano de obra y con requerimientos de cualificación.