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La Ciudad 25 de junio de 2017

Especialistas advierten sobre el impacto de la “crisis socio ambiental” en el desarrollo del país

En la segunda sesión de la Semana Social, investigadores expusieron junto a referentes sociales y eclesiásticos sobre temáticas vinculadas a los residuos, energías renovables, minería, agua y agroquímicos. Aseguraron que los datos son "alarmantes".

En la segunda sesión de la Semana Social, organizada por la Comisión Episcopal de Pastoral Social (Cepas) en conjunto con el Obispado de Mar del Plata, las problemáticas ambientales fueron el centro del debate, en la charla denominada “El cuidado de la Casa Común”. Haciendo hincapié en las consecuencias dañinas de ciertas prácticas productivas, las temáticas abordadas estuvieron vinculadas con los residuos, energías renovables, minería, agua y agroquímicos.

La mesa estuvo moderada por el jefe de Redacción de  LA CAPITAL, Oscar Lardizábal, y contó con la participación de monseñor Jorge Lugones, quien tuvo a su cargo resumir las conclusiones de la mesa, y los especialistas Víctor Hirch, Alberto Anesini, Lorena Echagüe, Jorge Mancini y Silvia Alonso.

El primero en hablar fue el hermano Víctor Hirch, integrante de Red Iglesias y Minería y director de Cáritas en la diócesis de Quilmes, quien hizo hincapié en las prácticas cada vez más agresivas de la industria minera extractivista.

Al igual que varios de los disertantes, el religioso hizo referencia a la encíclica del papa Francisco, al adherir a la idea de que “no existen dos crisis, una ambiental y otra social, sino una sola, socio-ambiental”.

Aseguró que la “cuestión minera” es una de las demandas de los tiempos que corren “por su impacto mendioambiental, por las utilidades que salen al exterior, por el efecto que causan en las comunidades y por el atropello a la dignidad de muchos pueblos aborígenes y minorías étnicas que se encuentran en toda América latina”.

En referencia al panorama local, ubicó el crecimiento exponencial del problema a partir del periodo 2002 – 2012, tiempo después de realizada la reforma constitucional que implicó “habilitar las posibilidades a través de un marco legislativo que permite el extractivismo a gran escala”.

En este sentido señaló que “las inversiones que se realizan son sólo costos estratégicos para el extrativismo. El 89 por ciento del mineral es directo para la exportación”, asegurando que “es mucho el impacto socioambiental pero poco el impacto económico” que estas prácticas generan.

El impacto de los agroquímicos

A su turno, la licenciada en gestión en políticas públicas y especialista en salud y medio ambiente, Silvia Alonso, dedicó su intervención a las implicancias del uso de agroquímicos, a los cuales definió como “biocidas, dado que matan vidas”.

Alonso aseguró también que “de todos los pesticidas que se arrojan al ambiente, sólo el 1 por ciento llega al organismo blanco, el resto queda en las plantas, en el agua, en la ciudad”.

En este sentido señaló que “el manejo seguro de biocidas, sobre todo en países en desarrollo, es un mito, no es posible” y que, muy al contrario de lo que se pregona, las prácticas actuales sólo “aceleran el proceso de selección natural, generando especies resistentes y, por lo tanto, la necesidad de utilizar más pesticidas”.

Mar del Plata y el basural

Por su parte, el titular de la Asociación Gremial de Obreros y Empleados de la Ceamse y diputado de Cambiemos en la legislatura bonaerense, Jorge Mancini, brindó detalles del trabajo que se realiza en el centro de Buenos Aires y destacó la situación del basural de Mar del Plata, el cual, aseguró, “se está tratando de resolver”.

“Sólo hay que salir de acá, hacer 4 kilómetros e ir al basural que tiene Mar del Plata para ver gente que vive de la basura y en la basura. Sus casas están hechas de residuos y es un tema terrible. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires ha mandado técnicos para intentar dar una solución para la limpieza del basural, haciendo una plataforma donde ellos puedan reciclar”, señaló, pese a reconocer que “indudablemente esto se soluciona abordando también la problemática del hábitat”.

Señaló también la necesidad de incentivar la generación de “empleos verdes”, que se centren en “disminuir el impacto ambiental” y fomentar el trabajo “remunerado, decente y productivo”.

Millones de argentinos sin agua potable

Destacando que el agua “es un derecho humano básico, fundamental y universal”, la especialista del equipo Desarrollo Sustentable de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, Lorena Echagüe, puso énfasis en la “desigualdad” existente en cuanto al acceso al agua potable en Argentina y el mundo y las “alertas que la sociedad debe atender”.

Según señaló, en “Latinoamérica, 50 millones de personas no tienen agua potable. En el caso de Argentina, 7 millones de personas tienen que caminar para conseguir agua apta para el consumo y 26 millones no tienen las instalaciones adecuadas, como servicios cloacales, fuentes principales de enfermedades bactereológicas”.

En este sentido, señaló que existen ciertas “alertas” que deben ser atendidas “con urgencia” y que implican no sólo “políticas públicas del Estado, sino también de todos nosotros”, dando cuenta de la relevancia cultural existente detrás de la falta del cuidado del recurso.

La importancia de las energías renovables

A su turno, el asesor de la presidente del Instituto Nacional de Tecnología e Investigación, Alberto Anesini, dedicó su intervención a las ventajas de la utilización de energías renovables.

Incentivó el “uso racional de la energía”, tanto en los hogares como en las empresas, y si bien señaló que “el Estado debe proveer las posibilidades”, aseguró que hay alternativas individuales posibles.

En este sentido, destacó la “producción popular de energía”, práctica que busca que “cada familia argentina pueda generar parte de la energía que consume y tenga la posibilidad de entregar los excedentes para el uso común”.