En el pedido de elevación a juicio hecho por el fiscal Marcos Pagella en la causa que tiene detenido al exjefe de la policía, José Luis Segovia, queda expuesta la relación entre quienes no deberían relacionarse.
El decoro de los escritos judiciales prohíbe vulgaridades, términos soeces y otras de las palabras llamadas malas. Por eso el pedido anticipado de “disculpas” del fiscal Marcos Pagella y su colaborador clave, Javier Pettigiani, al calificar aquello que se encontraron en el Expediente 6086: “debe decirse con total crudeza que en esta investigación se ‘hurgó en la mierda’”.
Como en todo laberinto, y este no por ser estar hecho de delitos, vínculos prohibidos y ocultamientos es la excepción, quienes lo transiten deben empezarse por el ingreso. Esa puerta de acceso se abrió para el fiscal Pagella y su equipo en el departamento de una pareja de jubilados en el edificio Cabo Corrientes, el 19 de diciembre de 2020. Esa tarde, dos hombres y una mujer los asaltaron y despojaron de 228 mil dólares y 400 mil pesos, entre otros bienes. Por ese hecho ya fueron condenados Carlos Juárez y su entonces novia Julieta Palermo.
En el comienzo de la investigación de ese caso, el fiscal Mariano Moyano encomendó a la DDI, cuyo director era José Luis Segovia, recabar información. El sindicado inicialmente fue Mauricio Di Norcia, un hombre “con ruido” en Mar del Plata. En el mes de febrero siguiente, a Juárez cuatro personas lo secuestraron cuando estaba en un hotel de Punta Mogotes. Mientras estuvo privado de su libertad, le aseguraron que eran policías -de hecho, al menos uno lo era- y que debía pagar para no ser incriminado en la causa. Al ser liberado, Juárez, que realmente era el asaltante de los jubilados, cometió un error: llamó al 911. Y ahí se completó el ingreso de la Fiscalía General de Mar del Plata al laberinto.
Marcos Pagella, fiscal de la causa.
A partir de ese momento, Pagella y el CATI (oficina de sabuesos investigativos liderados por Pettigiani) empezó a hacer descubrimientos, mientras Moyano avanzaba por su cuenta para esclarecer el asalto. A toda la información que tenía, se le sumó que el expolicía Christian Holkampt y el vendedor de dólares Jorge Toletti se presentaron espontáneamente para “colaborar” y entregaron el nombre de Juárez y de Palermo. ¿Qué había pasado? Juárez no había pagado la extorsión. Los dos testigos habían sido dos de los secuestradores, pero esto se supo mucho más adelante.
Lo cierto es que entró en escena otra fiscal, Florencia Salas, quien investigó el secuestro, y determinó que también habían participado el policía de la DDI, Javier Collova, y Ulises Arbizu. Y cuando se detuvo a Toletti, en su teléfono y en sus anotaciones, había demasiada información comprometedora. Contactos, registros de pagos a la policía, nombre de cobradores, montos y fechas. Al ser llamados a indagatoria todos (excepto Arbizu que permaneció bastante tiempo prófugo), Toletti comentó sus vínculos y la olla se terminó por destapar.
Un detalle: Arbizu había sido investigado años atrás por el propio Holkampt en el secuestro extorsivo de Guido Materia. Nunca se llegó a reunir prueba fuerte en su contra. Tiempo después, ambos se hicieron más que conocidos. Arbizu, además, es el cuñado de Toletti.
Después de varios meses de investigación, el fiscal Pagella reunió prueba en la que se aseguraba que Segovia y su grupo de trabajo de la DDI direccionó falsamente la investigación del robo en Cabo Corrientes hacia Di Norcia, para exigirle dinero posteriormente. Para que esto fuera posible, se necesitó de la colaboración del propio defensor de Di Norcia, el abogado Lautaro Resúa. A la vez, también se entraba en contacto con el verdadero ladrón, Juárez, al que se lo extorsionaba para desincriminarlo. Todo esto a espaldas del fiscal Moyano.
En esa maniobra, según el fiscal Pagella, participaron otros policías cercanos a Segovia como Héctor Sabino Sosa, Iván Medigovich y Leonardo Di Biase. Tuvieron “una actuación funcional a una maniobra ilícita, aceptada con conciencia del riesgo que implicaba incriminar falsamente a un inocente. Y cuando se actúa con temeridad, sabiendo que el efecto probable de esa conducta es un desvío investigativo, una imputación falsa y un daño procesal irreparable, lo que opera no es la imprudencia, sino el dolo eventual”.
Vínculos
El robo en Cabo Corrientes tiene dos condenados, Juárez y Palermo, pero el hecho también lo cometieron Leonardo Scurzi y Rodrigo Soto, identificados pero prófugos.
Quienes sí fueron localizados y detenidos son el joyero turco Sevan Arslan (52) y Claudio Alaniz (52), miembros “intelectuales” del hecho. Con ellos dos, tenía estrecha relación el abogado Resúa, en otro cruce asombroso de este expediente. Pero lo más relevante atañe a Alaniz.
El “Negro” Alaniz fue detenido tiempo atrás en un country del conurbano. Se lo acusa de ser el entregador del hecho, el que sabía que los jubilados tenían ese dinero en su casa, el que le pasó el dato a Arlsan para que éste reclutara a Juárez. Alaniz al declarar reconoció su relación con todos, pero también tener un gran vínculo con la policía. Hasta incluso dijo que tras la detención de Segovia lo fue a visitar a la comisaría de Balcarce, que le ayudó a cambiar dinero a la esposa de Segovia y que compartió una cena el 22 de diciembre de 2020, solo tres días después del asalto en Cabo Corrientes. En esos días, según el fiscal Pagella, Segovia y su gente en la DDI ya estaba desviando la investigación hacia Di Norcia.
Alaniz “prendió fuego” a Segovia y a Resúa en su declaración. Dijo que “(…) en otras ocasiones llamé a Segovia por la cuestión de los camiones que venían del sur, de Rawson, que en la hoja de ruta decía que venían cargados de merluza, y en realidad, venían con langostinos, y por esto, le tenía que pagar un porcentaje equivalente al valor de la carga. Que este porcentaje era a valor dólar, a veces se pagaba en pesos, y otras, directamente en dólares. Que varias veces el que fue a cobrar este porcentaje era el mismo Lautaro Resúa. Que Segovia me mandaba gente suya para cobrar ese “peaje”. Por esto tenía llamadas con Segovia y con los que éste le mandaba. Que aclaro que los camiones no eran míos, que yo sólo hacía las veces de comisionista en este tema (…) sé que tiene un patrimonio en billetes de más de tres millones de dólares, pero no tengo ni idea de dónde podrá tenerlos”, cerró haciendo referencia al supuesto dinero del exjefe departamental.
Alaniz tiene decenas de comunicaciones desde su teléfono con exjefes policiales que al no estar imputados en esta causa no se los mencionará. Con uno de ellos, a cargo del área que abarca rutas de acceso a Mar del Plata, se reportaron 1.223 comunicaciones en cuatro años.
Lo más significativo de este punto de la investigación de Pagella, orientada a entender los vínculos entre policías y delincuentes, es que, en esa cena del 22 de diciembre de 2020, en una casa de Sierra de los Padres, se activaron teléfonos de Segovia, Alaniz, tres jefes policiales más y el anfitrión, quien no es sino otro financista que alguna vez había cambiado dólares a los jubilados asaltados en Cabo Corrientes solo tres días antes.
Recaudadores
El Expediente 6086 es conocido como el de la asociación ilícita mixta, porque tiene a civiles, policías y expolicías procesados. Entre los civiles está el cambista Toletti, quien tenía su zona de operaciones en Luro entre Catamarca e Independencia. Aunque desde 2016, al intervenir la Justicia Federal en la Megacausa “Arbolitos”, se sabía de la complicidad entre policías y civiles, la investigación de Pagella pareció recuperar muchos vínculos.
Así se logró saber, al menos en esta instancia del proceso, que la comisaría primera participaba activamente en la recaudación de un “abono” para que los “arbolitos” trabajaran con tranquilidad. Que la DDI, también llevaba su parte importante, y que algo iba a parar a la Policía Federal. El teléfono de Toletti y sus cuadernos lo reflejaron. También las decenas de comunicaciones, en particular lo descubierto en el teléfono de Javier González, otro de los “intermediarios”, un expolicía exonerado que, por recomendación de Segovia, fue incorporado a la Secretaría de Seguridad Municipal en 2022, aunque luego fue cesanteado al conocerse sus antecedentes.
Para Pagella está claro que el policía Gastón Moraña era uno de los recaudadores para la DDI, que los excomisarios de la primera, Mauricio Ramírez Armani, y Christian Gari, lo coordinaban en una maniobra en la que intervino también el jefe de calle Jonhatan Sonzogni. Que Nicolás Rivademar, lo hacía para la fuerza federal. Y que también algunos policías brindaban apoyo en sus horas libres en traslados de dinero y operaciones grandes. Uno de ellos, el propio Collova, de allí su relación con Toletti y Holtkamp.
La banda
Según Pagella, “Esta organización criminal se conformó por distintos grupos de personas que actuaron en la modalidad de células —sin que necesariamente todos ellos tuvieran relación o conocimiento entre sí e incluso alguno de ellos no individualizados a la fecha— con distintos grados de participación y responsabilidad criminal, pero respondiendo todos a un mando claro ejercido por el entonces Jefe de la Dirección Departamental de Investigaciones —Titular de la Jefatura Departamental hasta su detención—, Comisario Mayor José Luis Segovia quien, en definitiva, tomaba las decisiones y asignaba los roles”.
“Conformaban esta organización delictiva, estable y perdurable a lo largo del tiempo -continúa el informe-, el policía de la provincia de Buenos Aires Gastón Moraña, los ex oficiales de la misma fuerza Javier Martín González, Héctor Sabino Sosa (alias “Chiqui”) —este último quien actualmente se encuentra en retiro activo—, el integrante de la Policía Federal Argentina Nicolás Rivademar, el agente retirado de la policía provincial Christian Adalberto Holtkamp, el ex comisario exonerado de la fuerza Juan Pablo Velázquez, el abogado Lautaro Resúa, los ciudadanos Jorge Javier Toletti y Claudio Alaniz, todos éstos, como veremos seguidamente, brazos ejecutores directos de las maniobras delictivas dirigidas por Segovia”.
“También componían la misma asociación criminal otro grupo de personas que, con menor grado de importancia en el escalafón de la banda, realizaban tareas secundarias y participaron, en menor medida, de sus beneficios económicos. Entre ellos se encontraba el policía Javier Rubén Collova. Son múltiples los hechos delictivos cometidos por este grupo organizado de personas en torno a la figura del Jefe Departamental que preliminarmente han podido acreditarse”, agrega.