La Feria de la Bristol era una máquina de generar dinero. Tal vez en esa fecundidad radique la protección que tuvo durante un cuarto de siglo, siempre escudada al borde de lo deshonesto en la necesidad de la gente: los feriantes para ganarse el pan y los clientes de bajos recursos para comprar más barato.

Al margen de cuestiones estéticas y urbanísticas -a muchos no le agradaba la contaminación visual que causaba su ubicación- lo cierto es que siempre sobrevoló la sensación e incluso la certeza de que la informalidad de los puestos y de la mercadería que comerciaban podía ocultar un delito. Y que las condiciones que se le exigían a los feriantes para trabajar, para obtener un permiso, también.

La investigación desarrollada por la Justicia Federal a partir de la denuncia presentada el 27 de noviembre de 2024 por Bernardo Martín, entonces titular del Emtur, logró reunir evidencias que podrían confirmar esas sospechas. Por ese motivo fue que el juez Santiago Inchausti ordenó el miércoles un allanamiento en el paseo de compras de la playa Bristol, a tres locales del Sindicato de Vendedores Ambulantes (SIVARA) en la galería de Luro 3050 y en dos domicilios particulares vinculados al secretario gremial, Walter Rivero.

De acuerdo a las tareas de inteligencia llevadas a cabo en el último año, con especial atención en la temporada de verano 25/26, la Feria era  gestionada por el SIVARA y, particularmente, por el propio Rivero. Fue durante los preparativos del período estival y los meses de temporada alta que se constataron pagos millonarios de parte de los feriantes para disponer de un puesto.

En un informe presentado por Prefectura Naval Argentina el pasado 5 de marzo, se describió cómo Rivero, en el local 42 de la galería Luro 3050, explicaba a supuestos interesados los “pormenores operativos” para instalar puestos de venta. También la intervención telefónica efectuada en el dispositivo de Rivero arrojó información importante para los investigadores: la organización sindical percibía un canon de hasta 5 millones de pesos por puesto, transacción que se realizaría mediante compromisos verbales y sin documentación fiscal.

En una comunicación de enero de este año, un hombre le reclamó a Rivero una cuestión de competencia de rubros en la feria y pidió una solución porque había pagado “9 palos” por trabajar la temporada.

El dinero que manejaba el Sindicato a través de Rivero era a gran escala y se registraron movimientos de más de 15 millones para afrontar un pago de un canon oficial a la administración Punta Mogotes, más precisamente 15.123.288 de pesos.

También era personal del sindicato, identificado como chalecos, que cumplía funciones de custodios o serenos.

Un relevamiento detectó 165 stands o puestos de ventas, aunque después de la temporada quedaban poco más de 100, de los cuales 80 tenían mercadería en infracción durante el allanamiento del miércoles. Justamente, se documentó en la etapa investigativa la comercialización de productos de indumentaria y calzado deportivo, accesorios, artículos de bazar, electrónica y juguetería con logotipos de marcas de renombre internacional (Nike, Adidas, Columbia, Puma, Topper, Under Armour, Kappa, Montagne, Vans, Champion, Fila, Converse, Caterpillar -CAT, Yamaha, Honda, Stanley, PlayStation, JBL, Barbie, entre otras), en presunta infracción a la ley 22362.

Gran parte de esta mercadería era comprada en tours hacia La Salada en el conurbano bonaerense. Pero además, por medio de numerosas conversaciones telefónicas se habría constatado “la adquisición de mercadería ilícita, la mecánica para optimizar ganancias mediante la compra de ‘fardos’ de indumentaria, presuntamente ingresados de forma irregular desde la República de Paraguay con la intermediación de Rivero; el uso de transferencias y alias; documentándose múltiples transferencias diarias de la recaudación de los locales”.

Por todo ello es que Inchausti entendió que “el escenario descripto configuraría el hecho de estar en presencia de una presunta organización liderada por Rivero, sin descartar la participación de otras personas, quien valiéndose de su condición de Secretario General o Delegado del Sindicato de Vendedores Ambulantes -SIVARA- estaría a cargo de la administración y gestión de la Unidad Turística Fiscal “Playa Bristol” de esta ciudad; lugar en donde se comercializarían productos en infracción a la ley 22362 al resultar el encargado principal de gerenciar la explotación comercial del predio obteniendo beneficios económicos producto de esa explotación y del nulo control fiscal configurado en el lugar”.

Rivero es el principal implicado en esta causa judicial que lleva el número 11628/2024, pero no es el único imputado, mientras continúan las tareas judiciales para determinar el alcance de la maniobra que incluye infracción a la ley de marcas y a la Ley Penal Tributaria.

En la resolución judicial, Inchausti destaca que las maniobras se “estarían desarrollando en un espacio de dominio público municipal cuya explotación fue autorizada mediante permisos precarios que se encontrarían vencidos”.

Además resalta que la feria presentaba presentaba “deficiencias críticas en materia de seguridad e higiene o salud pública”.

Por esto, el magistrado decidió darle intervención a la Municipalidad para que tome las medidas que crea correspondientes. Con este aval judicial, la gestión de Agustín Neme resolvió demoler los puestos.