El fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, se presentó este jueves a declarar en el Juzgado Federal N° 2 de San Martín en el marco de dos causas por delitos de lesa humanidad en las que está imputado por sus tareas realizadas mientras se desempañaba en la delegación San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) durante la última dictadura cívico militar.

“La permanencia de Fernández Garello como fiscal general es inadmisible bajo la vigencia del estado de derecho. Además de haber sido acusado de formar parte del esquema represivo desplegado por el terrorismo de Estado, ocultó su condición de ex agente de inteligencia en los diferentes procesos de selección que transitó para ser designado como juez de garantías primero y posteriormente como titular del Ministerio Público de Mar del Plata”, señaló Mariano Fernández, Secretario General de Mar del Plata y miembro de Comisión Directiva Provincial de la Asociación Judicial Bonaerense.

En 2016, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) aportó documentación a las causas judiciales, que dan cuenta de diecisiete intervenciones en actos de inteligencia entre 1978 y 1982, de acciones de espionaje político y gremial, e infiltración en organismos de derechos humanos durante la última dictadura cívico militar.

La CPM puso inmediatamente en conocimiento de los hechos a las máximas autoridades de la Suprema Corte de Justicia y la Procuración bonaerense y solicitaron la licencia compulsiva preventiva de Fernández Garello e iniciaron el jury de enjuiciamiento para su destitución del Poder Judicial, instancia que finalmente no prosperó.

La información de la DIPPBA involucra a Fernández Garello en la causa por torturas de las que fue víctima un militante del Partido Comunista en 1982 y en la detención ilegal de tres militantes de esa fuerza política el 23 de Julio de 1981.

Según la denuncia, con el grado de oficial subinspector, Fernández Garello participó del operativo conjunto que consumó esos secuestros, coordinado por la DIPPBA con la Brigada de Investigaciones de San Martín y el Destacamento de Inteligencia 201 del Ejército con base en Campo de Mayo, y en otras diligencias posteriores.

“Fernández Garello fue parte de la estructura represiva como oficial de Inteligencia de la Dipba al menos entre los años 1978 y 1981 (…) El hecho de que una persona haya participado en delitos del terrorismo de Estado la convierte en no idónea para desempeñar el cargo de funcionario”, afirman los denunciantes en su acusación.

El fiscal general Fabián Fernández Garello ha desmentido públicamente estos hechos en los que se lo denuncia y ha asegurado que no intervino en tareas de espionaje durante la última dictadura militar.