por Irene Valiente

Graciela Fernández Meijide vio cómo se llevaban a su hijo de 17 años de casa en octubre de 1976. No volvió a saber de él. Fue el detonante para que se convirtiera en activista por los derechos humanos en Argentina, donde cree que el valor de la democracia “quedó instalado” tras la última dictadura.

En una entrevista con la agencia de noticias EFE en Buenos Aires, asegura que, cuando el 24 de marzo de 1976 tuvo lugar el golpe que dio inicio a un régimen cívico-militar que se extendió hasta 1983, no fue rechazado mayoritariamente porque la violencia “había sido muy fuerte” en años anteriores.

En su opinión, la sociedad se había acostumbrado a que, desde 1930, “el Ejército ponía orden cuando la política no resolvía los temas” y lo tomó como un levantamiento “ordenancista”, sin imaginar que su metodología iba a ser “tan salvaje y tan perversa”.

“Se aprendió a apreciar lo que era una democracia y lo que era el respeto por los derechos humanos, durante y después de esa tragedia”, y el valor de ambos “quedó instalado”.

Por ello, cuando Argentina ha vuelto a atravesar una gran crisis política o económica, como la de 2001, “a nadie se le ocurre llamar a los cuarteles, a los militares”, y cuando surge un caso en el que las fuerzas de seguridad pueden haber cometido un delito, “hay una demanda de esclarecimiento”, apunta Fernández Meijide.

Después de que secuestraran a su hijo “Pablito” -como ella lo recuerda- empezó a recopilar testimonios de personas que habían sufrido el mismo “drama” y a visibilizar sus reclamos. Primero, tanto a través de Madres de Plaza de Mayo como de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y después, solo en esta última.

“En realidad iba a donde me dijeran que podía conseguir algún dato sobre mi hijo. No tenía claro qué iba a hacer. Con el tiempo, vi que, por mi forma de ser, mi organización intelectual y de gustos, estaba mejor en un lugar institucionalizado”, cuenta.

Con el regreso de la democracia, entró a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), creada por el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) para documentar los casos de terrorismo de Estado.

De ahí salió un informe que fue esencial para juzgar a las juntas militares de la dictadura, ya que registró la existencia de 380 centros clandestinos de detención y 8.961 desaparecidos.

Para la activista, la “grieta” de los derechos humanos implica cada vez a menos gente en el país y solo afecta a los militares que son juzgados y a familiares de víctimas, pero hay una a la que hay que prestar más atención: la que existe entre ese tercio de la población que vive bajo el umbral de la pobreza y los demás, que creen que pueden “prescindir” de ese sector.

Esta división, en su opinión, es la que tienen que resolver los movimientos sociales y las “elites” políticas, religiosas y sindicales.

Errores

Quien también fuera legisladora e integrante del Gobierno de la Alianza de Fernando de la Rúa (1999-2001), declara que con la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia en diciembre de 2015 se pensó “prejuiciosamente” que iban a terminar los juicios por el terrorismo de Estado, algo que, apunta, “no pasó”.

Aun así, señala que la mayoría de integrantes del Gobierno “no tienen una especial sensibilidad” por este tema porque, por su edad y perfil, “no vivieron la intensidad de lo que fue la violación de los derechos humanos”.

Eso llevó a Macri a cometer errores de “calidad ciudadana”, como el de recibir “como un héroe” al policía Luis Oscar Chocobar, procesado por el homicidio de un ladrón que había apuñalado a un turista en Buenos Aires, critica.

En cuanto al caso de Santiago Maldonado -quien desapareció el 1 de agosto mientras participaba en una protesta de una comunidad mapuche reprimida por la Gendarmería y cuyo cuerpo fue hallado dos meses después en un río cercano, sin signos de violencia-, Fernández Meijide dice que fue un “grave error” de los organismos de derechos humanos considerarlo desde el primer día una desaparición forzada.

A su juicio, “fue tan fuerte el golpe de desprestigio” por haber tratado de “transformar una muerte desgraciada” en una evidencia de una política de represión del Estado sin esperar a la investigación, que ahora “les pesa el error” y no “están reaccionando” a lo ocurrido con el joven mapuche Rafael Nahuel, quien murió en un desalojo policial de “un disparo por la espalda”.

Feminismo y aborto

Al ser consultada por el impacto que está teniendo desde hace unos meses el movimiento feminista a nivel mundial, asegura que “lo que aparece con fuerza es porque era necesario. Si no, se apaga”.

En el caso de Argentina, apunta que el llamado “techo de cristal” es muy evidente y tan solo hay que mirar las cúpulas de partidos políticos o empresas. “Y no porque no haya mujeres capaces”, denuncia.

Además, hace hincapié en el “indispensable” reclamo por la despenalización del aborto, que ha cobrado fuerza en las últimas semanas después de que, por primera vez, un presidente apoye que se debata en el Parlamento, aunque esté en contra.

Fernández Meijide critica el argumento “provida” utilizado por Macri para manifestar su postura porque defender el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo no significa “la obligación de atacar la vida”.

“Yo también estoy por la vida, y estuve por la vida en momentos bien difíciles”, sentencia.

EFE.