La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata suspendió por 60 días “cualquier actividad” sobre el terreno lindero al Faro de la Memoria sobre el que se planea instalar un bar de gin.

En su resolución, los jueces Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza instaron a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires –querellante en la causa– a aportar elementos sobre cómo esas obras afectarían la preservación de elementos probatorios de violaciones a los derechos humanos.

En agosto de 2024, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría el proyecto de ordenanza para instalar un bar de gin en un predio lindero al Faro de la Memoria. El oficialismo argumentó que se trataba de un predio distinto al de la entonces Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), utilizada como centro clandestino de detención durante la última dictadura.

La ordenanza autorizó el uso y ocupación con carácter precario de parte de una parcela de dominio fiscal municipal integrante del denominado “Paseo Costanero del Sud Presidente Arturo Umberto Illia” a la asociación vecinal de fomento Faro Norte.

Fijó como uso de suelo admitido a las “instalaciones destinadas a establecimiento gastronómico con elaboración artesanal de bebidas espirituosas por destilación (…) como anexo de la actividad gastronómica, para consumo en el local y sin distribución”. Mencionó además que el guardado y estacionamiento de vehículos y la carga y descarga “deberán desarrollarse dentro de la parcela”.

Para la querella, la autorización del municipio se sustentó en un argumento falaz: que la parcela en cuestión resulta independiente de las otras que conforman el predio protegido como bien cultural e histórico, “reduciendo la discusión a una cuestión formal de divisiones catastrales del predio”.

En su presentación, la entidad ratificó “la importancia de la preservación de los predios en donde han acaecido violaciones a los derechos humanos” y reclamó que debían ser entendidos “como una unidad inescindible”.

En ese sentido, indicó que, “en miras de esclarecer las violaciones a los derechos humanos”, resultaba de vital importancia preservar los elementos probatorios correspondientes, lo que alcanza no solamente a elementos materiales y documentación, sino también a las instalaciones donde “las Fuerzas Armadas operaron contra la población civil”.

Marcó que la modificación de la forestación, de las construcciones que ya hay en el predio y la remoción de suelo para la realización de una playa de estacionamiento atentarían contra la preservación de elementos probatorios que pudieran recolectarse.