Se ubicaron en la cima de las escalinatas de Playa Grande con los mismos carteles con los que asisten a todas las movilizaciones en las que exigen respuestas concretas a su reclamo. “Los hipotecados UVA” -como se llaman a sí mismos tras contactarse por redes sociales ante la necesidad de unir esfuerzos- estuvieron presentes en el acto por el Día de la Independencia y visibilizaron una vez más un reclamo que lleva más de un año.

“Consideramos que era era un momento apropiado para manifestarnos porque el 9 de julio se recuerda la declaración de la Independencia y, para nosotros, como poseedores de créditos UVA que nos llevan a intentar acceder a una vivienda, pensamos que nuestra casa representa la independencia familiar”, señaló a LA CAPITAL, Martín Batalla, uno de los damnificados de la ciudad que decidió ponerse al frente del reclamo.

“Considero que la Patria es el lugar en donde uno se forma, donde uno crece, donde adquiere valores, donde uno se desarrolla: y la casa es, justamente, donde uno desarrolla eso. Estamos viviendo una situación que es bastante complicada en mucho de los casos”, aseguró.

Por su parte, Laura Dalmasso, aseguró que las familias que accedieron a un crédito están siendo “asfixiados”. “La mayoría de la gente dejó de pagar cosas o cambió su estilo de vida únicamente para poder pagar las cuotas de los créditos. Hoy la prioridad número uno es el crédito y eso no está bien”, señaló.

Según explicaron, uno de los principales reclamos son “respuestas concretas por parte de las autoridades políticas”. “Nos hemos reunidos con equipos de los candidatos de la oposición, quienes han manifestado interés, y esperamos que de ganar, cumplan con todo lo que están prometiendo”, advirtió Dalmasso, quien agregó: “Necesitamos soluciones tanto por el capital, que viene incrementándose, como para las cuotas”.

En este sentido, Batalla pidió que se “destrabe” de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el proyecto unificado de la oposición que incluía algunas alternativas para paliar la situación de los poseedores de crédito.

“El proyecto planteaba la declaración de la ley de emergencia, lo que ponía un tope del 30% en las cuotas, suspendía las ejecuciones por un año y tenía como punto central la reevaluación del coeficiente que se tomaba para fórmula del crédito, con otro más acorde a la realidad argentina, como los índices de variación salarial, que para nosotros sería beneficioso”, señaló.