Tras seis años de litigio, la Asociación de Consumidores Acuba obtuvo una sentencia firme que obliga al Banco BBVA a reintegrar cerca de $9.600 millones por irregularidades detectadas en la refinanciación de saldos de tarjetas de crédito durante la pandemia. El fallo beneficia a más de 620 mil usuarios y constituye uno de los pronunciamientos colectivos más relevantes en materia de defensa del consumidor en Argentina.

El abogado de Acuba, Ariel Vieira, destacó la trascendencia institucional de la decisión judicial y explicó que el caso pone de manifiesto la importancia de las asociaciones de consumidores como mecanismos de control frente a prácticas abusivas de grandes empresas.

“Si bien los montos que recibirán los más de 620 mil consumidores alcanzados por la sentencia de manera individual puede parecer poco, lo trascendente de este fallo va mucho más allá de lo que cada persona cobrará”, explicó Vieira.

Lo que finalmente se busca es cambiar conductas de las grandes empresas. Según detalló, la sentencia reconoce que el Banco BBVA obtuvo beneficios económicos indebidos a través de cargos aplicados masivamente durante la refinanciación automática de saldos de tarjetas de crédito implementada en el contexto de la emergencia sanitaria.

“Las asociaciones de consumidores cumplimos una función esencial. Somos una especie de vigilantes del mercado que observamos las conductas de bancos, aseguradoras y empresas de medicina prepaga. Aunque el perjuicio individual pueda parecer reducido, intervenimos para evitar que las empresas obtengan ganancias ilegítimas a costa de miles o millones de usuarios”, afirmó.

El proceso judicial se extendió durante seis años y culminó con una sentencia firme que obliga a la entidad bancaria a devolver aproximadamente $9.600 millones. De acuerdo con el letrado, el perjuicio económico originalmente detectado rondaba los $6.000 millones, pero la Cámara de Apelaciones consideró que la gravedad de la conducta justificaba la aplicación de una sanción adicional, como es el daño punitivo que les aplica.

“El tribunal aplicó un daño punitivo equivalente a una vez y media el perjuicio económico verificado. Sumado a los intereses correspondientes, el monto total alcanza los 9.600 millones de pesos”, explicó Vieira.

No obstante, desde Acuba señalaron que la discusión judicial aún no se encuentra completamente cerrada. Si bien la condena quedó firme respecto del Banco BBVA, la asociación presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia al considerar que existen determinados rubros que fueron excluidos de la condena y que también deberían ser restituidos a los consumidores afectados.

“Para nosotros todavía hay conceptos que debieron ser reconocidos y devueltos. Por eso acudimos a la Suprema Corte. La sentencia ya está firme para el banco, pero seguimos trabajando para lograr una reparación integral”, indicó.

Asimismo, Vieira advirtió que la conducta sancionada no fue un hecho aislado ni exclusivo del BBVA. “Esta práctica no la detectamos únicamente en este banco. Santander, HSBC, Galicia y otras entidades financieras también enfrentan demandas por exactamente el mismo motivo. La conducta está acreditada y presenta las mismas características en todos los casos”, sostuvo.

Finalmente, el abogado remarcó que el principal mensaje que deja el fallo es que las empresas no pueden beneficiarse económicamente mediante cargos masivos de escasa cuantía que, individualmente considerados, desalientan los reclamos de los usuarios.

La decisión judicial representa un nuevo antecedente en materia de protección de consumidores y refuerza el rol de las asociaciones civiles en el control de prácticas empresariales que, aun generando perjuicios individuales relativamente pequeños, pueden ocasionar enormes beneficios económicos indebidos cuando afectan a cientos de miles de personas.