La disputa por el presente y el futuro de Punta Mogotes sumó un nuevo y fuerte capítulo. Un proyecto ingresado en la Cámara de Diputados bonaerense propone dejar sin efecto las prórrogas de las concesiones del complejo recientemente dispuestas por la Administración y establecer que, de ahora en adelante, las decisiones centrales sobre la explotación de las unidades balnearias no puedan ser adoptadas por los representantes de la Provincia sin una autorización previa de la Legislatura.

La iniciativa lleva las firmas de los diputados Alejandro Rabinovich y Diego Garciarena y apunta directamente sobre las Actas 1310, del 18 de junio de 2026, y 1321, del 3 de septiembre, así como sobre cualquier otro acto administrativo o instrumento contractual dictado como consecuencia de ellas. El artículo primero propone que esas prórrogas queden sin efecto desde la entrada en vigencia de la eventual ley.

El planteo aparece apenas días después de que los concesionarios de los 24 balnearios comenzaran a firmar las extensiones de sus contratos. La decisión había sido adoptada por mayoría en el Consejo de Administración de Punta Mogotes: Fernando Maraude y Gonzalo Raventos, representantes provinciales, votaron a favor, mientras que Carlos Aramburu, representante municipal, lo hizo en contra. La Provincia posteriormente dio su aval y las extensiones quedaron establecidas hasta el 30 de junio de 2027 o hasta la adjudicación de una nueva licitación, lo que ocurra primero.

El diputado marplatense Diego Garciarena.

El proyecto legislativo no desconoce la necesidad de garantizar el funcionamiento del complejo durante el próximo verano. Por el contrario, contempla expresamente un régimen transitorio para la temporada 2026/2027. Pero establece una diferencia sustancial: esa continuidad sólo podría instrumentarse mediante nuevos permisos precarios, personales, intransferibles y esencialmente revocables, que requerirían autorización de la Legislatura provincial. Esos permisos no podrían extenderse más allá del 30 de junio de 2027 ni generar derechos adquiridos, preferencias o ventajas para quienes pretendan participar de los futuros procesos de selección.

El segundo punto central de la propuesta avanza directamente sobre el mecanismo de toma de decisiones dentro de la Administración Punta Mogotes.

Actualmente, el organismo está integrado por dos representantes designados por el Poder Ejecutivo provincial y uno por el Departamento Ejecutivo municipal. En los fundamentos del proyecto, Rabinovich y Garciarena remarcan que las decisiones se adoptan por mayoría simple y que, en consecuencia, el voto coincidente de los dos representantes bonaerenses alcanza para conformar la voluntad mayoritaria del organismo.

La iniciativa pretende modificar en los hechos esa capacidad de decisión para los asuntos considerados estratégicos. Si la ley prospera, los representantes provinciales deberán contar con autorización legislativa previa para votar favorablemente pliegos, convocatorias a procedimientos de selección, adjudicaciones, renovaciones, prórrogas o cualquier modificación sustancial de las concesiones de Punta Mogotes. Hasta que esa autorización sea sancionada y promulgada, tampoco podrían prestar conformidad ni emitir un voto favorable sobre esas cuestiones.

Además, la autorización de la Legislatura debería incluir los lineamientos esenciales de los futuros pliegos: plazo de las concesiones, régimen de inversiones, obras y mejoras, sectores destinados al uso público y libre acceso, condiciones ambientales y de accesibilidad, cánones y garantías, preservación de las fuentes laborales y tratamiento de las obras e instalaciones una vez terminadas las concesiones.

De esta manera, una futura licitación dejaría de ser exclusivamente una decisión administrativa del organismo que maneja Punta Mogotes y quedaría condicionada a una instancia política previa en ambas cámaras de la Legislatura bonaerense.

El futuro traspaso al Municipio

El proyecto también coloca en el centro de sus fundamentos la histórica discusión sobre el traspaso del complejo a General Pueyrredon.

Los autores sostienen que las decisiones que se adopten ahora pueden condicionar durante años la administración futura de un sector estratégico de la costa marplatense. En ese sentido, plantean que contratos extensos, inversiones comprometidas, cánones, condiciones de explotación y eventuales cláusulas indemnizatorias podrían restringir el margen de decisión del Municipio si finalmente Punta Mogotes pasa a su órbita.

Ese argumento adquiere particular relevancia porque la controversia entre Provincia y Municipio continúa abierta. El gobierno municipal desistió este mes de la medida cautelar que había presentado contra la Provincia al considerar que había perdido vigencia, pero la discusión judicial de fondo sobre Punta Mogotes permanece pendiente.

Los legisladores también sostienen que el complejo no puede analizarse únicamente como una suma de concesiones comerciales. Lo definen como un espacio público estratégico, integrado al patrimonio turístico, urbano y ambiental bonaerense y particularmente vinculado con la identidad y el desarrollo de Mar del Plata.

La iniciativa incorpora, además, una obligación concreta para el Poder Ejecutivo provincial. Dentro de los treinta días posteriores a la eventual promulgación de la ley, los representantes bonaerenses en la Administración Punta Mogotes deberían reunir y elevar al Consejo de Administración todos los antecedentes relacionados con las concesiones vencidas, los pliegos y contratos respectivos, los dictámenes de los organismos de asesoramiento y control, el estado de cumplimiento contractual de cada concesionario y las actuaciones vinculadas con la elaboración de nuevos pliegos y procedimientos de selección.

Luego, el Poder Ejecutivo tendría cinco días para remitir toda esa documentación a ambas cámaras legislativas.

El proyecto abre así otro frente en una discusión que viene escalando desde hace meses. La Administración ya prorrogó los contratos para garantizar la temporada 2026/27 y trabaja en los futuros pliegos para licitar las 24 unidades. Ahora, Rabinovich y Garciarena buscan que ese proceso quede sujeto a una instancia que hasta el momento no estaba prevista: el aval previo de la Legislatura bonaerense.