El joven que en julio del año pasado hizo explotar una bomba de estruendo en un tacho de basura del colegio Don Bosco fue citado a declarar como imputado del delito de “lesiones graves” por casi hacerle perder la audición a una compañera con su accionar.

La Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil notificó al acusado acerca de la indagatoria que le realizará el próximo 7 de marzo, en el marco de la investigación que se inició cuando Azul Zabaleta, en ese entonces de 15 años, sufrió severas heridas en sus oídos producto del hecho cometido por su compañero de escuela.

Si bien su identidad no puede ser difundida porque al momento de los hechos todavía no había alcanzado la mayoría de edad, LA CAPITAL pudo acceder al documento en el que la Justicia de Garantías aceptó el pedido del fiscal Walter Martínez Soto para citarlo a declarar como imputado, en el que se anexan las pruebas recolectadas en su contra durante la pesquisa.

A lo largo de los meses que transcurrieron desde el inicio de la investigación, la capacidad de audición de la adolescente evolucionó parcialmente gracias a los tratamientos que afrontó y la buena noticia que recibieron tanto ella como su familia semanas atrás es que no será necesario un trasplante coclear, como se había estipulado en un comienzo. Eso, además, trajo aparejada una novedad judicial en el cambio de carátula de la causa: de “Lesiones gravísimas” se modificó a “Lesiones graves”, ya que al existir una recuperación de la víctima la figura delictiva del expediente debe ajustarse a esa nueva situación y por ende cambiar.

Por otra parte, este medio pudo saber también que Zabaleta no se cambió finalmente de colegio por expreso pedido suyo y que, hasta el momento, sus abogados no demandaron en el fuero civil a la institución, como se había adelantado en un principio. “No la cambiamos de escuela por expreso pedido suyo, porque ella fue ahí desde los 3 años y quiere egresar con sus compañeros de toda la vida. Pero seguimos pensando que las autoridades se manejaron muy mal y de hecho todavía no tuvimos comunicación de parte de la aseguradora: esto fue en julio y estamos en febrero y no nos ayudaron en nada. El tratamiento lo pagamos nosotros de nuestro bolsillo, y por suerte funcionó”, explicó Matías, padre de la joven, en diálogo con LA CAPITAL.

De todas formas, el hombre aclaró que de no llegar a un acuerdo con la firma que representa al establecimiento educativo, así como en el fuero penal acudieron a la letrada Adelina Martorella, que los representó en la causa en la que ahora hay un imputado formal, harán lo propio con un defensor civil. En suma, señaló que desde la cartera de Educación provincial no se comunicó ninguna autoridad con su familia, a pesar de que existe un sumario en el que se investiga el accionar de la dirección del Don Bosco.

“Nunca nadie nos llamó para preguntarnos qué pasó ni cómo sentimos que se comportaron desde la escuela. Sabemos que hay un sumario pero con nosotros no habló nadie”, dijo Zabaleta. Y agregó: “Si bien ella está un poco mejor, todavía sigue en tratamiento. Recuperó un poco la audición, pero no del todo, y tiene que seguir con su terapia, que dio resultado así como los tratamientos psicológico y psiquiátrico”.

Para finalizar, el padre la adolescente contó que en 2025 “ella se quiere ir a Bariloche con sus amigos”. “Es una de la razones por las que no se cambia de colegio, porque el chico éste cursaba el sexto año, no era compañero de ella así que ya no va a estar. Ya empezaron a preparar todo para el viaje de egresados”, concluyó.

El hecho

El hecho ocurrió el pasado 8 de julio en la galería de planta baja del edifico ubicado en Don Bosco y Belgrano, durante el segundo recreo.

El artefacto de fabricación casera había sido ingresado al establecimiento por alumnos que buscaban realizar un reto difundido por la plataforma “Tik Tok”. La “bomba” en verdad era una botella plástica a la que se le introducía cloro y agua para provocar una reacción química cuya liberación de gases derivaba en una explosión.

Al detonar la botella, Azul Zabaleta sufrió aturdimiento y un desmayo. Distintas evaluaciones médicas posteriores confirmaron la pérdida de un 96% de la capacidad auditiva.

Tras el hecho, los abuelos de la alumna que estaban en la escuela para un retiro anticipado recibieron la novedad y entonces se sucedió una secuencia de episodios que hasta hoy son cuestionados por la familia.

Luego, la menor fue trasladada a un centro asistencial por sus padres ante la demora de la ambulancia que había sido solicitada por la escuela. En tanto, la Justicia inició una investigación primero a cargo del fiscal Alejandro Pellegrinelli, que más tarde recayó en el fiscal Martínez Soto, del fuero de menores, y que continúa ahora con la imputación del principal sospechoso.