Por Romina Di Meglio (*)
La noción de accesibilidad hace referencia a entornos, en sus aspectos físicos y sociales, que garantizan el derecho de acceso al espacio, en igualdad de oportunidades, por parte de todos los ciudadanos. Ante ello, y en conjunción con una visión problematizadora de la definición de espacio, podría remarcarse el problema de uno de los grupos sociales particularmente relegado o excluido: la inaccesibilidad a las playas y a otros espacios públicos recreativos en infancias y adolescencias de contextos vulnerados a partir de condicionantes sociales y ambientales definidos por las situaciones de pobreza.
Aludiendo al contexto regional, América Latina se caracteriza por una marcada desigualdad y por la pobreza, las cuales están agravándose debido a los impactos de la pandemia de Covid-19. Las limitadas oportunidades de acceso a la infraestructura y a los servicios de calidad se han visto aún más reducidas para quienes ya padecían la vulneración de sus derechos más elementales. En cuanto a lo recreativo, puede remarcarse que la mayoría de los niños más pobres del mundo están expuestos a la falta de espacios verdes, según la Observación General al artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 2013).
Continuando con lo relativo a la recreación, Granados y Bagnoli Fernández (2019) destacan que, en cuanto al rol del Estado, desde Naciones Unidas se advierte el limitado reconocimiento que los Estados otorgan a este derecho; no obstante, el descanso y el esparcimiento son tan importantes para el desarrollo del niño como los otros derechos (ONU, 2013). Simultáneamente, en esta última fuente, el juego y la recreación se mencionan como esenciales para la salud, el bienestar del niño y el desarrollo integral, porque promueven las aptitudes físicas, sociales, cognitivas y emocionales.
Vale recordar las obligaciones del Estado en estas temáticas (ONU, 2013): propiciar, por un lado, la disponibilidad de espacios de juego dignos y seguros, como parques y plazas y, por otro, la generación de oportunidades apropiadas para fortalecer el juego como un derecho fundamental, a partir de la garantía de un efectivo acceso, por parte de todos los niños, las niñas y adolescentes, a grandes espacios abiertos, con transporte público seguro, asequible y accesible. En concordancia, desde las teorías críticas del espacio, la Teoría de la Justicia Espacial (Soja, 2014) se preocupa por mitigar las manifestaciones espaciales de la injusticia, propuesta que iniciaría con una distribución equitativa del espacio, sus recursos y las oportunidades para acceder a estos (Toscana Aparicio, 2017), lo que podría plantearse a partir de estudios geográficos que pongan de manifiesto las desigualdades socioespaciales.
En última instancia, desde la investigación, si se habla de cuestiones relativas a la metodología de trabajo y, específicamente, a la recolección de datos, en relación con las problemáticas en el espacio público, en trabajos anteriores (Di Meglio, 2020) se recurrió a las entrevistas en profundidad (Anguera, 1995), es decir, no estructuradas, flexibles, dinámicas, y abiertas, no directivas, con la posibilidad de repreguntar para profundizar en cierta información aportada por el entrevistado; así, a partir de la utilización de este instrumento, el objetivo último es el abordaje de las problemáticas de modo exhaustivo y pormenorizado, incluyendo la experiencia espacial de los protagonistas. Esta herramienta, en articulación con el armado del marco teórico desde perspectivas críticas y con los recorridos de campo, permitieron, en conjunto, ahondar en la problemática y adicionar aspectos relevantes no considerados en una primera etapa referida a la formulación del problema, y, en consecuencia, hicieron propicio el ir abriendo nuevas perspectivas.
Por otra parte, podría mencionarse que conceptos claves de la Geografía para el análisis de los espacios son los de cambios y continuidades. En este caso, desde una perspectiva diacrónica, podría estudiarse cómo los problemas en cuanto a las condiciones de accesibilidad, la igualdad de posibilidades en el acceso y las prácticas socioespaciales discriminatorias se fueron acentuando con el paso del tiempo.
En definitiva, cuando se habla de los problemas de accesibilidad a los espacios públicos podría decirse que existen grupos sociales más afectados en la garantía de sus derechos, como es el caso de “los niños que requieren de una particular atención para ejercer los derechos previstos en el artículo 31 [referidos al descanso y esparcimiento], es decir, los niños en situación de pobreza” (ONU, 2013, p. 16 y 17). Los condicionantes sociales y ambientales que se vinculan a las desigualdades en el acceso al entorno natural se ven, así, especialmente marcados en el grupo social constituido por los niños, las niñas y los y las adolescentes de contextos vulnerados.
(*) Doctora en Geografía – Profesorado en Italiano