La tercera edición del Foro de Abogados 3.0 se realizó este jueves en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, con la participación de referentes del ámbito judicial, académico y profesional que debatieron sobre algunos de los principales desafíos que atraviesa actualmente el sistema de Justicia.

Bajo la consigna “El abogado del futuro: innovación, justicia y nuevos desafíos”, el encuentro organizado por Abogados por la Justicia y la República (AJURE) tuvo dos grandes ejes: el impacto de la Inteligencia Artificial sobre el ejercicio profesional y las instituciones, y los desafíos que plantea la implementación del nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil.

Un nuevo régimen penal juvenil

Uno de los principales debates estuvo centrado en los cambios que introduce la nueva legislación para adolescentes acusados de cometer delitos y, especialmente, en las condiciones que deberá reunir el sistema judicial y penitenciario para su efectiva implementación.

El nuevo régimen establece que, desde los 14 años, un adolescente acusado de un delito puede ingresar formalmente a un proceso penal juvenil, con intervención de fiscal, defensor y juez especialmente capacitados en la materia.

Desde el comienzo del proceso tendrá derecho a defensa, a conocer claramente la acusación, a guardar silencio y a ser juzgado dentro de un plazo razonable, mientras que su identidad deberá permanecer reservada.

Durante el Foro se destacó además que no todos los delitos necesariamente derivarán en un juicio o en una pena de prisión. La legislación contempla, de acuerdo con las características y gravedad de cada caso, mecanismos como el criterio de oportunidad, la mediación penal juvenil y la suspensión del juicio a prueba.

Incluso frente a una condena, los jueces dispondrán de distintas herramientas antes de recurrir al encierro, entre ellas tareas comunitarias, restricciones de acercamiento o concurrencia a determinados lugares, monitoreo electrónico, reparación del daño, programas educativos y tratamientos psicológicos.

Otro de los puntos analizados fue la diferencia entre prisión preventiva y condena. La acusación contra un adolescente no implica automáticamente su detención durante el proceso: una medida de coerción deberá estar fundada en riesgos concretos de fuga o entorpecimiento de la investigación.

En los casos en que corresponda una pena privativa de la libertad, el nuevo régimen contempla distintas modalidades y establece que no habrá prisión perpetua para adolescentes y que la pena de prisión tendrá un máximo de 15 años.

Uno de los principales desafíos señalados durante la jornada fue la infraestructura necesaria para aplicar el nuevo sistema. Los adolescentes privados de su libertad no podrán permanecer alojados junto a detenidos adultos y deberán hacerlo en establecimientos especializados, con personal capacitado y condiciones que garanticen educación, capacitación laboral, asistencia médica, psicológica y psiquiátrica, además de actividades deportivas y recreativas.

Inteligencia Artificial

El segundo gran eje estuvo dedicado a “Inteligencia Artificial y Justicia: desafíos para el ejercicio profesional y el fortalecimiento institucional”. El panel estuvo integrado, entre otros especialistas, por la vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Marina Sánchez Herrero.

Durante su intervención, Sánchez Herrero sostuvo que el sistema judicial debe aprender a incorporar las nuevas herramientas tecnológicas desde una perspectiva ética y responsable.

“Estamos en un momento bisagra. La tecnología nos da un poder enorme, pero somos las personas las que seguimos estando a cargo. Dominar estas herramientas de manera ética y responsable va a ser cada vez más importante para quienes trabajamos al servicio de la Justicia”, afirmó.

Sánchez Herrero destacó las posibilidades que ofrece la Inteligencia Artificial para mejorar la eficiencia del sistema, pero planteó la necesidad de establecer límites claros frente a decisiones que afectan directamente la vida de las personas.

“Detrás de cada número de expediente hay personas y muchas veces lo que se está debatiendo es su libertad, sus vínculos familiares o su dignidad. Tenemos que tener una premisa clara: técnicamente muchas cosas pueden ser delegables, pero no todo debe ser delegado”, señaló.

Desde esa perspectiva, propuso pensar una “Inteligencia Artificial para la eficiencia”, capaz de agilizar procesos y aportar nuevas herramientas al ejercicio profesional, pero preservando siempre la responsabilidad humana sobre las decisiones que adopta el sistema de Justicia.

El Foro reunió a abogados, magistrados, funcionarios judiciales, académicos y estudiantes y consolidó su tercera edición como un ámbito de debate sobre las transformaciones legales, tecnológicas e institucionales que están modificando el ejercicio profesional y planteando nuevos desafíos para la Justicia.