Con el objetivo de prohibir que se nombren parientes de funcionarios y concejales en la planta de personal del municipio de General Pueyrredon, la concejal de Coalición Cívica, Angélica González, presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante.

La iniciativa busca establecer la prohibición de que funcionarios del Ejecutivo, el Concejo Deliberante, los tribunales de faltas, los entes descentralizados y las empresas en las que el estado municipal sea parte, realicen nombramientos y contrataciones permanentes o provisorias de parientes consanguíneos, cónyuges y parientes por afinidad.

Entre los argumentos de la iniciativa, la edil explicó que “existe la necesidad de combatir, prohibir y sancionar al nepotismo en todos los estamentos del municipio de General Pueyrredon”.

La edil resaltó que se busca “evitar en el sector público del municipio de General Pueyrredon, a través de la prohibición, nombramiento de parientes consanguíneos, cónyuge y parientes por afinidad tanto del funcionario que tiene la facultad del nombramiento así como de aquél funcionario que tuviere a través de su cargo injerencia en la designación”.

En la misma línea, González remarcó que “los nombramientos en el sector público que reconozcan como única causa el parentesco o afinidad con el funcionario que realiza la designación, resultan contrarios a la ética que debe guiar los actos y conducta de todo funcionario público”.

“Es un caso especial de conflicto de intereses en la medida que se utilizan y distribuyen recursos del Estado en interés de unos pocos en detrimento del interés general, a la vez que restringe el acceso en condiciones de igualdad a la función pública”, añadió.

El proyecto contempla sanciones ya que quienes infrinjan la normativa quedarán inhabilitados para ejercer la función pública por hasta cinco años. Asimismo, plantea que también será penalizada la persona contratada.

“El nepotismo dificulta que las entidades públicas puedan cumplir objetivamente con las funciones encomendadas y entorpece la formación de un funcionario profesional y competente. Es también una variante de clientelismo político con la que se persigue garantizar el control político del aparato municipal y resentir la obligación republicana de rendir cuentas”, añadió la impulsora.