La Fiscalía de Delitos Económicos N° 10 abrió una causa en marzo, después de que se presentara una empleada municipal de la Delegación El Gaucho. El municipio inició sumarios administrativos.
En marzo, una empleada de la Delegación Municipal El Gaucho, donde funciona la Dirección General de Licencias de Conducir, se presentó ante la Justicia para denunciar que se estaban abriendo con su usuario trámites que ella no había iniciado para la obtención de licencias. Desde ese momento, la Fiscalía 10 de Delitos Económicos volvió a poner el ojo en un asunto escabroso en la historia de Mar del Plata: la de los trámites para conseguir el carné de conducir.
La mujer dijo ante la Justicia que las licencias en cuestión estaban firmadas por las examinadoras de los exámenes teóricos y prácticos. Y que ya les había preguntado por su origen. Le contestaron que ellas no las habían firmado.
Desde entonces, la Fiscalía, que actúa con el apoyo del Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción (CATI), llamó a nueve agentes municipales a prestar declaración testimonial y detectó 13 trámites irregulares con las características que había advertido la denunciante. Por el momento no hay imputados.
Paralelamente, el municipio abrió una serie de sumarios administrativos para definir quién o quiénes son los responsables de las irregularidades. El último fue publicado esta semana en el Boletín Oficial y está contemplado en una resolución del secretario de Participación Ciudadana y Descentralización, Gustavo Serebrinsky.
Allí señala que la instrucción del sumario administrativo “innominado” se origina en la Dirección Administrativa de Licencias de Conducir, a partir de que el director general informó “la existencia de trámites de licencias irregulares”.
Tales irregularidades, añade, refiere a las grafías y firmas relacionadas con dos agentes municipales (las examinadoras de examen práctico y teórico) y a sus sellos, “los cuales no serian impuestos por las agentes”.
Fue la Dirección de Sumarios la que aconsejó el acto administrativo innominado “ante el ilícito disciplinario
denunciado (…) toda vez que, analizadas las presentes, surgen prima facie posibles conductas reprochables disciplinariamente, las que corresponden comprobar en el decurso de la investigación sumarial”.
Según agregó, la conducta del o los agentes con responsabilidad disciplinaria podrían encuadrarse “como una infracción a las obligaciones del trabajador”, ya sea una “inconducta notoria”, una “falta grave que perjudique materialmente a la administración municipal o que afecte el prestigio de la misma” u “otras que importen violación de los deberes del personal”, de acuerdo a la ley provincial 14.656 (Régimen Marco de Empleo Municipal).
En el marco de la investigación, la Fiscalía dio con otro sumario, iniciado por el intendente en marzo de 2024 a partir de un hecho del que lo anoticiaron por teléfono. Una mujer había ido a renovar la licencia a El Gaucho y, mientras hacía el trámite, un hombre se le acercó y le dijo que tenía una multa de tránsito por $300.000 en la provincia de Misiones, pero que si ella le depositaba $200.000 en una cuenta que le dio en ese momento la deuda desaparecía. La mujer no le pagó y, en cambio, averiguó que el monto de pago voluntario de la multa era de $150.000.
Cambios
A principios de año, el secretario de Participación Ciudadana designó al frente de la Dirección General de Licencias de Conducir a Fernando Barbaricca en reemplazo de Leonardo Lampugano. Los decretos en cuestión (uno para la renuncia y otro para la designación) fueron publicados en febrero en el Boletín Oficial, con las firmas del intendente Guillermo Montenegro y del secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli. La denuncia que derivó en la nueva investigación se inició al mes siguiente.
Antecedentes
En 2014, la Justicia descubrió la existencia de una asociación ilícita en el seno de la Dirección de Licencias de Conducir dedicada a la venta ilegal de licencias.
Cuatro años después, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 condenó a 14 prisión de prisión a Juan Carlos Belmonte, el exjefe de Licencias de Conducir durante el gobierno de Gustavo Pulti, sindicado como el líder de la banda.
Además, estableció condenas de entre 4 y 11 años de prisión a otras nueve personas, entre ellas funcionarios, empleados municipales y una gestora, mientras que otros agentes habían acordado penas menores en juicio abreviado.
En mayo de 2022, Montenegro informó que en distintos operativos de tránsito habían sido “detectadas y retenidas” licencias de conducir “presuntamente apócrifas” cuyos titulares fueron denunciados penalmente por el municipio.
Según pudo saber LA CAPITAL, al margen de la causa que se abrió a partir de la última denuncia, hay otra en trámite por carnés que despertaron sospechas en controles de tránsito realizados en los últimos meses.