La fiscal que tiene a su cargo la investigación, Lorena Irigoyen, aseguró que el principal inconveniente es “la falta de delimitación de los terrenos” y que eso dificulta la tarea para actuar ante las denuncias.

Según la fiscal, el problema responde a que “los propietarios no delimitan los terrenos”. “Después del traslado de las familias que estaban, los terrenos quedaron sin delimitar. Los propietarios tienen que hacer una delimitación”, remarcó

“En ese caso -continuó- si el terreno está delimitado, en el momento en que están instalándose, se puede actuar”.

Por otra parte, la fiscal reconoció la construcción de viviendas, pero aseguró que no se trata de nuevas familias que se instalan sino de ampliaciones o refacciones de las casas ya existentes”.

“Lo que tenemos por el último relevamiento que fue hace 30 días es que no se trata de nuevas familias, sino de ampliaciones de las casas que ya están”, destacó. “Quizás en el último mes sí ocurrió, pero los últimos datos que tenemos son esos. Yo hablé con los vecinos y les expliqué bien la situación”, agregó.