El proceso contra cuatro exjefes navales comenzó en Santa Cruz. Los querellantes aseguran que no se determinó la causa de la explosión y cuestionan el procedimiento.
Por Florencia Pessarini
Los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, que quedó hundido en noviembre de 2017 con un saldo de 44 muertos, denuncian a EFE que la investigación está plagada de irregularidades y que el juicio contra cuatro exjefes de la Armada, que comenzó la última semana, no respeta “las reglas del debido proceso”.
La desaparición del ARA San Juan, comunicada a los familiares de la tripulación el 16 de noviembre de 2017, desató una gran crisis política durante el Gobierno de Mauricio Macri.
Más de ocho años después, cuatro ex jefes de la Armada son juzgados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo con muerte en un juicio que comenzó el 3 de marzo en la provincia de Santa Cruz.
Según los familiares de las víctimas, la causa llegó a juicio con un procedimiento “sumamente irregular”, según describe Luis Tagliapietra, padre de un tripulante y abogado querellante.
“Nosotros no impulsamos la elevación a juicio, porque todavía no tenemos elementos que puedan sostener una acusación formal basada en pruebas”, dice a EFE Tagliapietra.
Evento anómalo, consistente con una explosión
El 14 de noviembre el ARA San Juan emitió un mensaje que daba cuenta de un “ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías” que ocasionó un “cortocircuito” y un “principio de incendio controlado”.
A las 10.51 horas del día siguiente, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares informó a la Armada sobre un “evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión”.
La Fiscalía no ha logrado, sin embargo, determinar de manera fehaciente los hechos que derivaron en la explosión y presentaron cuatro hipótesis distintas para la acusación.
“Es muy poco serio que se lleve a juicio a alguien basándose en cuatro hipótesis. Va en contra del debido proceso, porque el acusado no sabe de qué defenderse”, sostuvo Tagliapietra y los especialistas en derecho penal consultados por EFE acordaron.
Tagliapietra afirma que insistió “de manera obsesiva para que la jueza de instrucción (Marta Yáñez) haga las pericias del submarino”, que finalmente fue hallado un año después por la empresa privada Ocean Infinity, “y nada de eso tuvo eco”.
La abogada de la querella mayoritaria, Valeria Carreras, reconoce que no se llevaron a cabo las pericias solicitadas “porque la Cancillería no arbitró los medios, porque los países contestaron que no iban a colaborar, porque no había fondos”, pero defendió, en entrevista con EFE, la investigación: “Se obtuvieron pruebas suficientes como para lograr el procesamiento”.
Delitos excarcelables
Son sometidos a juicio el excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide; el excomandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval Luis Enrique López Mazzeo; el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos Héctor Alonso; y el exjefe del Departamento de Operaciones Hugo Miguel Correa.
Según la Fiscalía, no garantizaron el correcto alistamiento y mantenimiento del submarino, lo que implicó que la nave operara en condiciones técnicas deficientes y con riesgos elevados.
A pesar de la documentación probatoria reunida por los fiscales, Tagliapietra sostiene que a falta de pericias que puedan determinar científicamente la causa de la explosión, “nada de lo presentado es prueba concreta y objetiva que ratifique alguna de las cuatro hipótesis”.
Incluso de resultar culpables, dice el abogado, al tratarse de delitos con penas de entre un mes y seis años de prisión, son excarcelables.
“Es un juicio fantoche. Lamentablemente no va a quedar nadie preso por esto, eso es lo que pensamos. Porque se van a defender diciendo ‘dónde están las pruebas'”, dijo Claudio Rodríguez, hermano del suboficial Hernán Rodríguez, mientras otros de los familiares consultados por EFE coinciden con esta afirmación.
Denuncias de ‘forum shopping’
Cuando desapareció el ARA San Juan, un abogado de la Armada viajó a Caleta Olivia, una localidad de la provincia de Santa Cruz, a radicar la denuncia.
Según Tagliapietra, se “indujo al error”, al dar las coordenadas de la desaparición sin traducir a kilómetros la distancia desde la costa, “para hacer lo que se llama ‘forum shopping'”, una práctica que consiste en elegir la jurisdicción o tribunal más favorable a sus intereses.
“Me di cuenta un año más tarde de que la jurisdicción que correspondía era la de Mar del Plata”, dijo Tagliapietra, quien desde ese entonces reclama para la derivación de la causa a “un tribunal imparcial”, algo sobre lo que no pierde esperanza.
“Confío en que eventualmente se pueda redirigir este juicio, y que se tomen todas las medidas de prueba que, por cuestiones de corrupción, entiendo yo, quedaron pendientes”.
EFE.