La defensa de Leopoldo Luque pidió su absolución en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y sostuvo que el neurocirujano fue convertido en un “chivo expiatorio” dentro de una causa atravesada por fuertes controversias médicas y judiciales.

Durante la audiencia de este miércoles, los abogados Francisco Oneto y Roberto Rallín cuestionaron las pruebas presentadas por la fiscalía y las querellas, y rechazaron que el médico tuviera responsabilidad penal por el fallecimiento del exfutbolista.

La exposición comenzó por la mañana, cuando Oneto cuestionó la solidez de la acusación y sostuvo que no se había demostrado de manera suficiente la autoría de los hechos atribuidos a su defendido. Con un tono crítico hacia los fiscales y los representantes de las querellas, el abogado puso en duda la forma en que se había construido la imputación.

Uno de los ejes centrales del alegato fue la discusión sobre las condiciones cardíacas de Maradona y las causas de su muerte. Oneto cuestionó las conclusiones de la Junta Médica Interdisciplinaria, especialmente el diagnóstico de miocardiopatía dilatada, y sostuvo que no existían elementos suficientes para respaldarlo. También planteó interrogantes sobre los estudios médicos utilizados para llegar a esa conclusión y citó testimonios de especialistas para fundamentar su posición.

La defensa rechazó, además, la hipótesis de que Maradona hubiera atravesado una agonía prolongada antes de morir. Oneto sostuvo que el fallecimiento había sido súbito e imprevisible y cuestionó la interpretación de los hallazgos de la autopsia, entre ellos el edema cerebral y los posibles signos de insuficiencia cardíaca. Según su argumento, las pruebas no permitían afirmar que el desenlace hubiera sido anticipable en los términos planteados por la acusación.

Otro punto importante fue la autonomía del exfutbolista y su relación con los profesionales que lo atendían. Rallín afirmó que Maradona conservaba la lucidez y la capacidad de tomar decisiones, y señaló que en distintas oportunidades se había negado a realizarse estudios o a recibir atención médica. Con ese planteo, la defensa intentó demostrar que el comportamiento del paciente también debía ser considerado al analizar las circunstancias de su muerte.

Sin embargo, el argumento más importante para la estrategia defensiva estuvo relacionado con la internación domiciliaria en el country San Andrés, en Tigre. Los abogados sostuvieron que Luque no estaba a cargo de organizar ni supervisar integralmente los cuidados que Maradona recibía en esa vivienda. Según su reconstrucción, el neurocirujano había intervenido principalmente en el tratamiento del hematoma subdural y en el seguimiento posoperatorio, pero no era el responsable de coordinar la internación domiciliaria.

Rallín apuntó contra Swiss Medical y contra Nancy Forlini, coordinadora de Cuidados Domiciliarios de la empresa. Sostuvo que la organización de la internación y la prestación de esos servicios correspondían a la prepaga, y cuestionó el acta de externación de la Clínica Olivos. Incluso rompió ese documento durante su exposición, como gesto de rechazo a lo que consideró una maniobra para eludir responsabilidades.

El abogado cuestionó la gravedad de la pena solicitada por la Fiscalía y las querellas, y consideró injustificado que se reclamaran hasta 16 años de prisión para su defendido. Sostuvo que las pruebas no acreditaban que Luque hubiera provocado la muerte de Maradona ni que hubiera incumplido obligaciones que estuvieran efectivamente bajo su responsabilidad.

Finalmente, Rallín pidió a los jueces la absolución del neurocirujano y afirmó que su defendido había declarado reiteradamente durante el proceso y había contado su versión de los hechos.

Oneto también solicitó la absolución de Luque. Como alternativa subsidiaria, pidió que, si los magistrados consideraban que existía responsabilidad penal, se aplicara la pena mínima de dos años de prisión por homicidio culposo, sin inhabilitación para ejercer la medicina.

Tras finalizar la exposición de la defensa de Luque, comenzó el alegato de Nicolás D’Albora, abogado de Forlini. Su estrategia también buscó delimitar responsabilidades: pidió su absolución y sostuvo que no era la médica tratante de Maradona, que no había decidido su externación y que sus funciones estaban vinculadas con la coordinación de los cuidados domiciliarios. Tras ello, el tribunal llamó a un cuarto intermedio.