El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido decidió renunciar a pedir el beneficio de la prisión domiciliaria por la cual viene insistiendo ante la Justicia, a raíz de que el juez Claudio Bonadío ordenó un estudio médico de manera compulsiva y sin respeto a la “dignidad humana”.

La decisión del exministro se produjo cuando la Cámara Federal le ordenó a Bonadio a que realice un estudio médico a través del Cuerpo Médico Forense, pues De Vido alega problemas de salud para alcanzar la prisión domiciliaria.

“Bonadio intentó cumplir con lo ordenado por la Cámara Federal al margen de la ley, sin respetar las normas procesales vigentes, vulnerando los derechos más básicos de todo proceso penal y fundamentalmente sometiendo a Julio De Vido, próximo a cumplir 70 años de edad, a un trato absolutamente inhumano, cruel y degradante para la realización de un acto irremediablemente nulo”, explicaron desde la defensa del exministro.

En ese sentido, agregaron que el traslado de De Vido para realizar el estudio médico se quiso hacer sin notificar a sus abogados y sin que hubiera un perito de parte.

El pedido de arresto domiciliario hecho por De Vido no sólo tenía que ver con cuestiones de salud sino también por su edad, está próximo a cumplir los 70 años a finales de 2019 y es el límite a partir del cual un imputado puede solicitar el beneficio.

Días atrás, la Sala II rechazó el pedido del ex funcionario nacional pero le ordenó al juez llevar adelante estudios médicos para certificar su situación de salud.

La defensa de De Vido había justificado su petición por ser insulinodependiente, tener hipertensión arterial y enfermedad vascular coronaria, además de úlceras y un nódulo en el pulmón.

Un informe médico del Servicio Penitenciario asegura que lo que padece De Vido puede tratarse en el penal de Marcos Paz, donde está detenido desde hace casi dos años.

El pedido que había hecho De Vido fue en el marco de una causa que se desprende de la mega investigación de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, por el presunto pago de sobornos durante el kirchnerismo por parte de empresarios.