LA HAYA, Holanda.- El expiloto neerlandés-argentino Julio Poch anunció este martes que llevará a Países Bajos a los tribunales locales para exigir un “reconocimiento” por el daño causado al facilitar su arresto en España en 2009 y posterior extradición a Buenos Aires, donde fue absuelto en un juicio por los crímenes de la dictadura.

Su abogado, Geert-Jan Knoops, aseguró que Poch recibió en agosto una misiva de la Fiscalía del Estado neerlandés en la que se le comunicaba que no puede contar con ningún gesto por parte del ministro en funciones de Justicia, Ferd Grapperhaus, con quién el expiloto tuvo una reunión en persona la pasada primavera para pedirle un “reconocimiento”, según el canal de televisión NOS.

Al iniciar un procedimiento sobre el fondo, buscará ahora que la Justicia determine que el Estado es “corresponsable” del daño sufrido por Poch, que pasó siete años en una prisión argentina acusado de crímenes de lesa humanidad por su presunta participación en los conocidos como “vuelos de la muerte” durante la dictadura militar entre 1976 y 1983, etapa en la que los opositores a la junta de Jorge Videla fueron arrojados desde los aviones al agua.

El expiloto fue absuelto por la Justicia argentina en 2017 por falta de pruebas y desde entonces exige a La Haya una indemnización de 5 millones de euros por haber cooperado “ilegalmente” a su arresto: al no poder detenerlo y extraditarlo desde Países Bajos, puesto que tiene nacionalidad neerlandesa, La Haya proporcionó información a España sobre un vuelo que piloteaba a Valencia, lo que llevó a su arresto por las autoridades españolas.

Una Comisión independiente, que investigó el papel de Países Bajos en la detención de Poch, consideró el pasado febrero que La Haya estaba “obligada a proporcionar a Argentina información para su procesamiento judicial en ese país”, por lo que actuó legalmente investigando al expiloto y cooperando en su arresto en España en septiembre de 2009.

“Sin embargo, el comité encontró un intento (infructuoso) de intervención en la investigación”, según el informe. En 2007, y presuntamente desde “círculos de la Familia Real”, una “mujer” que dijo estar trabajando para la monarquía llamó al representante neerlandés ante Eurojust, la agencia de cooperación judicial de la Unión Europea, para “influir” en una investigación que aún no era pública.

La detención de Poch llegó en un momento muy sensible para Países Bajos, en pleno debate sobre el padre de la actual reina Máxima, hija de Jorge Zorreguieta, que fue ministro de Agricultura durante el régimen de Videla y había sospechas sobre su eventual participación en violaciones de derechos humanos, lo que incluso amenazó con boicotear el matrimonio de Máxima con el rey Guillermo Alejandro, entonces príncipe heredero.

Pero el comité no logró determinar quién fue la persona que hizo esa llamada, aunque sí recoge en su informe una transcripción de la presunta conversación.

Poch no es el único que mantiene abierto el debate sobre el grado de responsabilidad de Países Bajos en su sufrimiento. El Parlamento neerlandés lleva años exigiendo ver documentos originales sobre el caso, pero Grapperhaus todavía no ha hecho esa entrega y pidió hasta finales de este año “para determinar qué documentos se pueden proporcionar”.

EFE.