Cuatro integrantes del clan Rivera están imputados por el asesinato de Walter Daniel Bravo, ocurrido en abril de 2024. Para la fiscalía, padre, madre e hijos actuaron de manera coordinada y lo remataron de un disparo en la cabeza. La defensa sostiene que se trató de un hecho accidental.
El próximo lunes 4 de mayo, en una de las salas de Tribunales, doce ciudadanos comenzarán a escuchar una historia atravesada por rencillas barriales, droga, violencia acumulada y un desenlace brutal. Será el inicio del juicio por jurados por el crimen de Walter Daniel Bravo, ocurrido hace dos años en la zona del Parque Camet, y por el que están acusados cuatro integrantes de una misma familia.
En el banquillo se sentarán Héctor Ismael Rivera –conocido como “El Paisa”–, Mónica Graciela Bazán, Pedro Damián Rivera y Pedro Ismael Rivera. La acusación es una de las más graves del Código Penal: homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, el uso de arma de fuego y alevosía. La pena en expectativa es prisión perpetua.
La escena que reconstruyó la Fiscalía N° 7 -entonces a cargo de Leandro Arévalo, y que hoy encabeza Carlos Russo- tiene características de emboscada en un contexto de aparente ajuste de cuentas. Ocurrió el 26 de abril de 2024, alrededor de las 16, en inmediaciones de Los Manzanos, entre Bormida y Loma Verde. Allí, en una esquina de casas bajas y conflictos por venta de droga al menudeo, fue interceptado Bravo.
Pero el relato más crudo no surge de los papeles judiciales sino de la voz de quien estuvo ahí: su hermana. Ella contó que su hermano había ido a buscarla para que no caminara sola por el barrio con su bebé. Que el clima ya venía enrarecido por viejas disputas. Y que, de pronto, apareció “El Paisa” detrás de ellos, los increpó y sacó un cuchillo de una riñonera.
“No quiero pelear con ustedes”, alcanzó a decir Bravo, según ese testimonio. Fue en vano. La mujer describió cómo, en cuestión de segundos, una camioneta roja llegó al lugar y de ella bajaron otros integrantes del clan Rivera. Dijo que intentó interponerse, que incluso empujó a su hermano para evitar una puñalada. Pero no alcanzó.
Según su declaración, Mónica Bazán lo hirió con un objeto punzante “finito y alargado, como un alambre”. Después vinieron los disparos. Primero, las detonaciones que obligaron a Bravo a intentar huir. Luego, la caída. Y finalmente, el círculo que se cerró sobre él. Lo rodearon, lo redujeron boca abajo, lo inmovilizaron.
“Tenían las rodillas en la espalda”, recordó. Y entonces, el disparo final.
Siempre de acuerdo a esa reconstrucción, fue Pedro Damián Rivera quien le apuntó a la cabeza y gatilló a corta distancia. La secuencia se completó con una imagen que quedó flotando en el expediente: una mujer pidiendo “perdón, perdón” mientras los agresores se subían a la camioneta y se alejaban.
Cuando la policía llegó, minutos después de un llamado al 911, encontró el cuerpo de Bravo en el suelo, con una herida fatal en la cabeza. La autopsia confirmaría luego una muerte violenta compatible con disparo de arma de fuego.
La investigación avanzó con testimonios, pericias, registros fílmicos y allanamientos en los que se secuestraron municiones. También con relatos que, para la fiscalía, no lograron sostenerse: los de los propios imputados.
Todos coincidieron en una versión: dijeron que fue un accidente. Que la víctima estaba armada. Que el disparo se produjo en medio de una situación confusa. Sin embargo, esas explicaciones chocaron —según el fiscal— con contradicciones internas y con la evidencia reunida.
Todos detenidos
Después del crimen, la familia Rivera no fue encontrada de inmediato. Durante algunos días permanecieron prófugos, mientras la policía avanzaba con allanamientos en distintos domicilios vinculados a ellos (uno, inclusive, había sido marcado como posible “point”), en busca de pruebas y de los sospechosos.
Finalmente, cuatro días más tarde, todos se presentaron juntos en la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local, acompañados por su abogada. Allí quedaron a disposición de la fiscalía, que les tomó declaración en Tribunales.
En esa instancia, los imputados apuntaron al padre como autor del disparo y sostuvieron que se trató de un hecho accidental ocurrido en medio de un forcejeo.
Tras esas diligencias, se dispuso que permanecieran detenidos mientras avanzaba la investigación, que ya desde sus primeras horas había incluido múltiples allanamientos en viviendas vinculadas a la familia.
Ahora, el caso entrará en otra etapa. El juicio por jurados, que comenzará el lunes, pondrá frente a frente esas dos narrativas: la de un ataque coordinado y letal, y la de un episodio que –según la defensa– se desbordó sin intención de matar.
Serán doce ciudadanos quienes deberán decidir cuál de las dos versiones se impone. En esa sala, lejos de la esquina donde todo ocurrió, tal vez vuelvan a escucharse los gritos, los disparos y aquella frase que, según la testigo clave, quedó suspendida en el aire segundos antes de la muerte: “No quiero pelear con ustedes”.