La cámara de estacioneros rechaza el cobro de la tasa vial del municipio
Asegura que es "inconstitucional" y que hará todo lo que esté a su alcance para combatirla. Sostiene que perjudicará a las estaciones, que "deberán pagar más comisión a las tarjetas de crédito" y estarán en desventaja con los partidos vecinos.
La Cámara de Expendedores de Combustibles se pronunció en contra del cobro de la tasa vial del municipio a través de las estaciones de servicio.
El sector se manifestó “totalmente en contra de este nuevo tributo” que forma parte de las ordenanzas fiscal e impositiva que el gobierno comunal envió al Concejo Deliberante junto con el presupuesto 2024.
Patricio Delfino, referente de los estacioneros locales, aseguró que “para las estaciones de servicio constituye una carga pública inédita porque las lleva a transformarse en una agencia de recaudación municipal”.
El dirigente sostuvo que “la carga pública genera costos porque hay que manejar fondos que son ajenos y el manejo del dinero es caro”.
Negó que la tasa “se pueda trasladar al cliente de manera íntegra”. Y explicó: “Cuando un cliente paga con tarjeta de crédito, el dinero ese se acredita en las cuentas bancarias, y las estaciones de servicio pagan las comisiones de las tarjetas de crédito en función del monto total facturado, con lo cual ahí vamos a tener que pagar comisiones también sobre lo que estamos percibiendo a nuestros clientes de tasa”.
Delfino consideró que “a nivel negocio es completamente perjudicial para las estaciones de servicio que venden combustible en el Partido de General Pueyrredon, porque eleva el precio en casi un 2% y constituye una desventaja competitiva con respecto a los partidos vecinos”.
A su entender, no un particular, sino aquel que tiene una flota de camiones “va a evitar cargar en los surtidores de Mar del Plata, y eso a la larga va a terminar repercutiendo en menores ventas y también en menor recaudación para la municipalidad, porque son volúmenes muy significativos”.
“Estas tasas son claramente inconstitucionales –añadió el estacionero–. Hay bibliotecas enteras que deberían conocer quienes están tratando de instrumentar esta medida porque generan doble imposición. Los municipios reciben coparticipación de impuestos, y allí reciben algo de los impuestos internos que gravan a los combustibles”.
Además, “las leyes provinciales establecen que los municipios tienen que tener en la provincia de Buenos Aires vías de recursos similares; es decir, no está bien que un municipio tenga un impuesto de estos por su cuenta”.
Delfino indicó que “el nombre de tasa es falso” porque “se está creando un verdadero impuesto que se va a utilizar para los gastos generales de la Municipalidad”.
“Como tantos entes estatales en nuestro país, la Municipalidad está sobredimensionada, tienen un tamaño gigante, no hay recurso que le alcance, tienen improductividades por todos lados y lamentablemente en lugar de buscar la eficiencia en el sector público busca crear nuevos tributos”, cuestionó.
Interpretó que “no es lo que el país quiere en estos tiempos, porque la población votó mayormente por la eliminación de impuestos, la eliminación del déficit fiscal, que se recauden impuestos razonables y que haya un Estado que dé servicios con los recursos actuales”.
En ese marco, pidió “que no castiguen a los sectores productivos que tratan de sobrevivir en un contexto dificilísimo”.
Delfino sostuvo que la tasa “no respeta las normativas del año 58, cuando se creó la Dirección de Vialidad, a la cual adhirió la Provincia de Buenos Aires, que establece que la Provincia y los municipios no podrán establecer gravámenes locales sobre los combustibles y lubricantes”.
Señaló que “es clara la invalidez constitucional, lo que pasa es que se actúa por la desesperación”. Y añadió: “Como cámara empresaria estamos tratando de hacernos oír, de pedir reuniones con los funcionarios que están en estos temas y anticipar que vamos a combatir este impuesto en lo que podamos”.
Insistió en que implica “una carga extraordinaria que solo genera perjuicios”, y advirtió que, de ser sancionada por el Concejo, la cámara buscará “por la vía judicial” que tenga “la menor vigencia posible”.
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