La central sindical presentó un amparo para impedir el traspaso del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires. Tras la aprobación de la ley, apuesta a una estrategia judicial y analiza nuevas medidas gremiales.
Por Nicolás Poggi
Sin demasiada brújula tras la sanción de la reforma laboral en sesiones de verano, y con la comunicación interna cortada, la CGT se juega el capital político que le queda (mucho o poco) a frenar la ley en la Justicia.
Para eso ya dio el primer paso, que fue la hermética presentación de un amparo en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°7 para que se deje sin efecto la decisión de traspasar el Fuero Laboral del ámbito nacional al de la Ciudad de Buenos Aires, una disposición que había sido incluida en el paquete sancionado por el Congreso.
Y no mucho más. Algunos popes sindicales como Cristian Jerónimo, uno de los triunviros junto a Jorge Sola y Octavio Arguello, mantiene interrumpidas las líneas con sus propias filas en Azopardo. ¿Una señal del estado de desorientación en que se encuentra la central después del revés que significó el visto bueno a la ley?
“Reina el caos”, indicaron fuentes sindicales ante la Agencia Noticias Argentinas. En la organización obrera tienen en claro que, asestada la derrota política en el Congreso, los próximos dos frentes serán el judicial y la calle.
Pero los sindicalistas tienen una razón para ser optimistas: en enero de 2024 la Justicia suspendió el capítulo laboral del famoso decreto 70/23, que contenía varios de los puntos que terminaron en la reforma sancionada en febrero, por lo que en la CGT entienden que si los jueces siguieran el mismo criterio en el resguardo de derechos, el resultado no debería variar demasiado.
Ejemplo: aquel decreto 70/23, que el presidente Javier Milei presentó en cadena nacional a poco de asumir el gobierno, ya incluía el “banco de horas”, que modifica las jornadas de los trabajadores según la demanda del empleador, y restringía también el derecho a huelga al obligar a cumplir funciones en un 75% para las actividades consideradas esenciales.
La Corte Suprema, adonde fue a parar el expediente después de que el Gobierno apelara el fallo adverso, no resolvió nunca el diferendo. Con la reforma sancionada por el Congreso, difícil que el máximo tribunal reabra esa causa.
Mientras tanto, el nucleamiento de gremios opositores, con la UOM, Aceiteros, APLA y ATE a la cabeza, está por el momento desactivado. Plasmadas las dos movilizaciones en Rosario y Córdoba, además de la marcha al Congreso del viernes 27 de febrero cuando se sancionó la ley, el armado opositor parece haber quedado con las manos vacías.
ATE, por su parte, asistió el viernes último a la paritaria de los estatales y rechazó el aumento del 2,2 por ciento para febrero ofrecido para el Gobierno, una cifra que sí aceptó UPCN, uno de los gremios fuertes de la CGT.
NA.