La Corte Suprema de Justicia desestimó la queja presentada por el Poder Ejecutivo Nacional en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otros contra el Estado por el Decreto 759/25, al concluir que el recurso extraordinario no estaba dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable. De esta manera, se mantiene por ahora la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles.

En una resolución firmada este jueves, el máximo tribunal también rechazó el pedido de excusación formulado en el expediente y remitió a lo resuelto el 4 de junio pasado en el incidente de recusación con causa correspondiente a la misma causa.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la Corte sostuvo que el recurso extraordinario, cuya denegación parcial dio origen a la queja, no cumplía con el requisito de dirigirse contra una sentencia definitiva o equiparable, conforme al artículo 14 de la Ley 48.

En consecuencia, el Tribunal desestimó tanto el pedido de excusación como la presentación directa e intimó al recurrente para que, en el ejercicio financiero correspondiente, haga efectivo el depósito previsto en el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuyo pago se encontraba diferido de acuerdo con la Acordada 47/91.

La queja fue interpuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano – Secretaría de Educación, en su carácter de parte demandada. El expediente tuvo origen en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 y luego intervino la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

“Paso importante”

El senador nacional Maximiliano Abad consideró que el fallo “es un paso importante”.

“La Corte Suprema dejó firme lo que ya sabíamos: el financiamiento universitario es ley, y el Estado tiene que cumplirla. La voté en el Senado. Fui presidente de la FUA antes de ser legislador, y sé lo que significa esa norma para miles de estudiantes que sin ella no pueden sostener su carrera y para miles de docentes e investigadores que perdieron casi el 40 % de su poder adquisitivo”, expresó el dirigente marplatense de la UCR.

“El fallo es un paso importante. Ahora el Estado tiene que girar los fondos para salarios, becas y funcionamiento de las universidades públicas”.