La Corte Suprema de Justicia desestimó el planteo de las defensas de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, ambos investigados por su presunta participación en el lanzamiento y posterior caída de $LIBRA, criptoactivo que fue difundido por una publicación del presidente Javier Milei en la red social “X”

Los acusados buscaban apartar a un grupo de damnificados representados por el abogado y diputado Juan Grabois, pero los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el recurso de queja impulsado por la defensa de Novelli y Terrones Godoy no se dirigía contra una sentencia definitiva.

El expediente, cuya investigación está delegada en el fiscal federal Eduardo Taiano, apunta a determinar si existió una maniobra de “rug pull” proceso en el que apunta a inflar artificialmente el valor de la criptomoneda y provocar luego su derrumbe, generando ganancias extraordinarias para los desarrolladores y pérdidas para miles de inversores.

En ese contexto, Krasutskaya Sviatlana Vitalievna, una ciudadana bielorrusa se presentó ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi solicitando ser particular damnificada tras asegurar haber perdido US$1.768.079 por la movida generada por Milei quien en su momento dijo que avalaba el proyecto como motor para la economía argentina.

La disputa por la participación de los damnificados como querellantes viene escalando desde principios de año. En febrero de 2025, la jueza María Servini, que inicialmente intervino en la causa, había rechazado el pedido de tres inversores representados por Grabois y otros letrados.

Sin embargo, la Cámara Federal porteña revocó esa decisión y sostuvo que “la legitimación activa de los acusadores no depende de que esté probada la existencia del delito, sino del relato inicial que justifica la investigación.

Tras la negativa, la defensa insistió ante la Cámara de Casación, donde tras un nuevo revés fueron en queja hasta la Corte Suprema, argumentando arbitrariedad y violación del debido proceso. Los ministros del máximo tribunal rechazaron por unanimidad el planteo, dejando firme la participación de Grabois como querellante en la investigación.

Con el rechazo del máximo tribunal, el juez Marcelo Martínez de Giorgi deberá resolver ahora si acepta la incorporación de Vitalievna como querellante y si hace lugar a su pedido de ampliar el embargo sobre los bienes Hayden Davis impulsor del proyecto, quien considero como “irrisorio” e “irracional” la actual confiscación, fijada en US$25.000.