La adhesión a la ley provincial de emergencia en infraestructura sumó su último aval previo al tratamiento en el recinto del Concejo Deliberante.

Por mayoría, la Comisión de Hacienda aprobó el proyecto de la administración de Carlos Arroyo y lo dejó habilitado para ser considerado en la próxima sesión, que tendrá lugar el jueves de la semana próxima.

La iniciativa, aprobada con los votos de la Agrupación Atlántica y el radicalismo, busca agilizar los trámites en las licitaciones de obras públicas y es resistida por la oposición, que considera que se permitirá eludir controles.

La norma posibilita, entre otros puntos, reconsiderar hasta un 35% los contratos de obra pública existentes.

Con esta medida, el gobierno local buscará volcar los $ 159 millones que le prometió la gobernadora María Eugenia Vidal a obras de mejoras de pavimentación y centros de salud.