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La Ciudad 17 de marzo de 2019

La encerrona del boleto que el oficialismo debió evitar a tiempo

No logró prevenir el paro nocturno de micros pese a que tuvo tiempo de sobra. Sin los votos suficientes en el recinto, se redoblarán los intentos por ceder facultades. Claroscuros en el Concejo y la Justicia.

El arroyista Mauricio Loria, que desempató en comisión a favor del aumento de boleto. Atrás, la radical Cristina Coria, una de las impulsoras de la delegación de facultades.

Por Ramiro Melucci

La UTA para de noche porque no les pagan a los choferes el sueldo completo. Los empresarios no completan los haberes porque el Concejo Deliberante no les aumenta el boleto. El cuerpo legislativo no sube la tarifa porque el oficialismo no consigue los votos. Y el intendente no quiere que le cedan las facultades porque busca esquivar el costo político. La encerrona del transporte tiene a la ciudad en vilo.

El gobierno debió acelerar las gestiones para evitar el paro más anunciado de todos: la UTA venía advirtiendo desde enero que iba a tomar medidas si no les pagaban a los choferes un plus salarial. Fue cuando la cámara que nuclea a las empresas notificó al gremio de que no habría plus sin aumento de boleto.

Esas advertencias se repitieron durante todo febrero en audiencias del Ministerio de Trabajo. Pero ni el intendente ni el bloque oficialista parecieron urgidos. Y el anuncio se concretó: desde el lunes pasado los colectivos no prestan el servicio nocturno, con el tendal de usuarios perjudicados que eso implica.

Con los puentes políticos con el radicalismo agrietados, el arroyismo no junta los votos para aprobar el aumento. Logró despacharlo a duras penas en la comisión de Legislación, donde quedaron reflejadas las discrepancias internas de la alianza gobernante. Llegó a haber tres posturas distintas. La que llevó el arroyista Marcelo Carrara, de votar el aumento como venía de la comisión de Legislación –que terminó imponiéndose con el voto doble de Mauricio Loria–, la que deslizó la radical Cristina Coria para ceder las facultades a Arroyo y la que espetó Alejandro Carrancio, que se opuso a las dos.

Finalmente, el dictamen para llevar el boleto a $ 18,81 en dos veces no logró ningún efecto instantáneo. A saber: no frenó el paro ni alineó a la tropa para imitar un éxito en un recinto. Las opciones que se presentan ahora pueden contarse con los dedos de una mano: una sesión extraordinaria para aprobar el aumento o delegar facultades, siempre que aparezcan los votos, o un decreto de Sáenz Saralegui ad referéndum del cuerpo para transferir facultades. La primera la exploró el arroyismo; la última la impulsa la UCR.

Uno de los problemas del aumento que consiguió dictamen de comisión es que no tiene el aval de los empresarios, que se mostraron en contra del desdoblamiento. Los concejales lo saben, por eso ni los que militan el aumento están convencidos de votarlo. El riesgo está a la vista: la Cametap podría motorizar nuevos reclamos tarifarios más rápido de lo pensado. Ni el intendente ni los concejales desean que la discusión se repita a las puertas de las elecciones. Es el único objetivo político que parecen compartir.

Con el paro nocturno desatado y una cuesta empinada para conseguir los votos en el recinto, el intendente ya debió haber actuado. Funcionarios cercanos le sugirieron aceptar las facultades y poner fin al conflicto, pero ni eso fue suficiente.

En el medio hubo otros episodios. Un día antes de que el gobierno anunciara multas para las empresas de transporte por la interrupción del servicio nocturno, la comisión de Transporte aprobó un proyecto para autorizar a Arroyo a extender el contrato de las actuales concesionarias por dos años. La moción fue aprobada por el radicalismo y la Agrupación Atlántica con el visto bueno del secretario de Gobierno, Alejandro Vicente.

Se trata de una leve modificación al plan original que consistía en prorrogar los contratos por tres años. El que quedó sepultado es el proyecto para impulsar una nueva licitación, por lo que el próximo intendente deberá convivir al menos un año y medio con las actuales concesionarias. Por eso sorprendió la forma en que Guillermo Montenegro, el aspirante del PRO, irrumpió en la escena. El diputado nacional lanzó fuertes críticas a las empresas y a los concejales. Fue un mensaje a varias bandas contra empresarios y rivales internos. 

También hubo de su parte un rechazo explícito al aumento del boleto. Una diatriba reñida con la coherencia: el diputado es el representante de un gobierno que no escatimó en conceder aumentos tarifarios a empresas que tampoco son un dechado de eficacia.

En una sesión sin el presupuesto, el aumento de tasas, la suba del boleto, el cálculo de recursos de OSSE ni la designación de Emiliano Giri al frente de esa empresa municipal, el oficialismo logró al menos la aprobación del leasing para maquinaria vial. El apoyo del radicalismo fue crucial. Sobre todo después de que la oposición ventilara las desprolijidades del expediente, al que le bajaron $ 20 millones por la falta de información y justificación oficial.

El que no tuvo aliados en el Concejo fue Hernán Mourelle. Los concejales convalidaron por unanimidad el decreto que devolvía las exenciones a los teatros, una medida que el secretario de Economía y Hacienda había tildado de “ilegal”. Mourelle sostenía que la ordenanza fiscal solo podía modificarse a partir de un proyecto del Ejecutivo. Nadie defendió su teoría en el recinto. Ni siquiera Patricia Serventich, que en la comisión de Hacienda había votado en contra del decreto de Sáenz Saralegui. Su compañero de bloque Loria no llegó a tanto: solo se había abstenido.

La debilidad del gobierno en el Concejo tuvo otra constatación: la oposición logró, con apoyo radical, aprobar por insistencia la ordenanza que condonaba la deuda del club Talleres, que Arroyo había vetado.

El panorama judicial asoma más equilibrado. Después de la medida cautelar dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 para que Arroyo restituya la bonificación docente según la fórmula original, el Juzgado N° 1, donde habían desembocado otras demandas, se pronunció en contra.

El ala dura del gabinete encolerizó con la decisión del juez Marcelo Fernández, del Juzgado N° 2, y celebró la de Simón Isacch, del N° 1. En medio de la fuerte disputa judicial, que se libra también en la Suprema Corte bonaerense, el intendente recibió a la cúpula del sindicato municipal para iniciar las conversaciones paritarias.  Mientras eso sucedía, los demás intendentes de Cambiemos en la provincia posaban sonrientes para las cámaras con María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. La foto sin Arroyo, que no fue invitado, confirma que la relación está en su peor momento y pende de un hilo cada vez más delgado.