Por Ramiro Melucci

Mientras se insinúa la nueva ola de coronavirus y crecen las especulaciones sobre mayores restricciones, con lo que eso podría implicar para la temporada marplatense, en la política doméstica predominan dos discusiones: la del presupuesto de Obras Sanitarias, el único del paquete presupuestario que todavía no se aprobó en el Concejo Deliberante, y la del pliego del transporte público, muy parecido a una encrucijada.

La secretaria de Salud, Viviana Bernabei, admite que el distrito estaría ingresando en una segunda ola de contagios. En el lanzamiento del Operativo Sol, otros años dedicado exclusivamente a dar pormenores del esquema de seguridad veraniego, el gobierno bonaerense no ahorró advertencias sobre la situación de Mar del Plata. La misma línea siguió en la conferencia semanal de actualización epidemiológica. ¿Es posible una vuelta atrás en algunas actividades permitidas? Lo único concreto son los hechos: la Provincia frenó sus aperturas –el mejor ejemplo fue el de las fiestas al aire libre de hasta 200 personas, que había anunciado una semana antes– e insiste en recordar la vigencia del sistema de fases.

En el municipio no creen que Axel Kicillof pueda enviar al distrito a la fase 3. Pero tampoco descartan que, mientras despliega el operativo de vacunación en todo el país, el gobierno nacional determine algún formato de confinamiento, como ya se ve en otros países jaqueados por el surgimiento de la nueva cepa. La incógnita que plantea esa opción es hasta qué punto se volvería a acatar una medida de semejante naturaleza. En este rincón del mapa bonaerense están en juego el comportamiento del turismo, en un verano que se pensaba como un respiro después de un año calamitoso para el sector, y el empleo de una ciudad que ya no tendrá estampado el humillante 26% de desocupación, pero que no tiene nada para celebrar en esa materia.

En el lanzamiento del Operativo Sol, Kicillof dijo que si crecen los contagios “habrá que retroceder”.

Con ese paisaje oscurecido de fondo, la ciudad empezará a debatir mañana el nuevo pliego del transporte colectivo de pasajeros. La señal de largada se producirá en la comisión de Transporte del Concejo Deliberante, con la presencia del secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, y el subsecretario de Movilidad Urbana, Dante Galván.

La contienda con los actuales concesionarios ya comenzó. El viernes 18, el Ejecutivo envió al Concejo la propuesta para licitar el servicio por 20 años con otros cinco de posible prórroga. El primer día hábil que le siguió, es decir el lunes 21, la cámara que nuclea a las empresas ensayó su respuesta: un pedido para que el municipio otorgue otros tres años de contrato. Justo hasta el final del mandato de Guillermo Montenegro.

Los empresarios cuentan con un antecedente favorable: el gobierno de Arroyo, sin consenso legislativo para avanzar en un proceso licitatorio, extendió los contratos por dos años. “Pero nosotros no somos el gobierno de Arroyo”, aclaran cerca de Montenegro. ¿Quiere decir que no habrá prórroga? No, al menos, por el plazo que las concesionarias pretenden.

En el municipio saben que no pueden negar de plano la posibilidad de una extensión contractual. Sería faltar a la verdad. Porque los contratos vencen a mitad de año y ni siquiera el tratamiento más rápido del mundo garantiza que el servicio esté adjudicado en ese tiempo. Hay un debate legislativo y un proceso licitatorio por delante.

La primera demora, hay que decirlo, debe endilgarse al propio Ejecutivo: envió el proyecto dos meses después de presentarlo en sociedad. Otra podría surgir de las distintas miradas del oficialismo y la oposición en el Concejo. Los concejales de Montenegro estiman que en las primeras semanas de febrero podrían ponerlo en votación en la comisión de Transporte. La respuesta del Frente de Todos: “Queremos un debate profundo. El tema lo amerita”. Traducción: no van a aceptar que los apuren. 

Después de la comisión de Transporte el expediente debe pasar por la de Legislación. Recién después llegaría al recinto. En el Ejecutivo creen que todo ese periplo puede darse en 40 días. Plazo optimista si los hay. Aun si se cumpliera, después habrá que abrir el proceso licitatorio para un pliego que establece tres grupos de líneas para tres concesionarios distintos. No hay vuelta que darle: adjudicarlas antes del primer semestre del año es imposible. En el gobierno no lo dirán, al menos por ahora y públicamente, pero por lo bajo reconocen que una prórroga de los contratos actuales habrá que firmar. La diferencia con Arroyo viene en este punto. “No va a ser por los años que pretenden las empresas, sino por los meses que nos hagan falta para culminar todo el proceso licitatorio”, prometen. “Va a ser mucho antes –anticipan quienes conocen los anhelos de Montenegro– de terminar su primer mandato”.

En el gobierno no lo dirán, al menos por ahora y públicamente, pero por lo bajo reconocen que una prórroga de los contratos actuales habrá que firmar.

El presupuesto de Obras Sanitarias, y su aumento tarifario, es otro de los temas de la agenda legislativa. Después de ir dos veces a la comisión de Recursos Hídricos, el presidente de la empresa municipal, Carlos Katz, asistirá mañana a la de Hacienda para seguir aclarando los porcentajes de incremento que a la oposición no le cierran.

Por más que el oficialismo logre darle dictamen, por los tiempos legislativos el expediente no llegará al recinto el martes. Se convertirá, por lo tanto, en el único plexo presupuestario que no estará votado antes de fin de año.

Los fuertes contrapuntos por el presupuesto municipal y el aumento de tasas dejaron un lastre. La respuesta de la presidenta de la comisión de Hacienda, Virginia Sívori, a las alusiones de ambiciones electorales que deslizó el coordinador de Gabinete, Alejandro Rabinovich, fue no incluir el presupuesto de OSSE en la reunión de la semana pasada. El oficialismo tuvo la alternativa de llevar el expediente sobre tablas y forzar una votación. No lo hizo. Entendió que era seguir tensando la cuerda.

La oposición también tuvo una oportunidad de truncar una necesidad oficialista, pero tampoco procedió. Síntoma inocultable de que los puentes permanecen en pie. La comisión de Legislación, presidida por la radical Cristina Coria, había sido convocada para aprobar, entre otros proyectos, el aumento de la tarifa de los taxis. Cuando se sentaron en sus butacas, Marcos Gutiérrez (Frente de Todos) y Ariel Ciano (Frente Renovador) se dieron cuenta de que faltaban ediles oficialistas. Si ellos se levantaban, dejaban sin quórum a la comisión. Pero se quedaron, permitieron su funcionamiento y aprovecharon para contestar, con ese hecho y algunas palabras, las referencias a la falta de responsabilidad de la oposición lanzadas por el oficialismo cuando esos dos espacios rechazaron el presupuesto municipal, que igual tenía los votos para ser aprobado. El mensaje que estaban dando era claro: irresponsabilidad, en términos políticos, es otra cosa.