Por Juan Manuel Salas

“‘Nos obligaban a tener sexo como fuera’, cuenta una mujer que llegó a la Argentina de República Dominicana con promesas de trabajo, pero que finalmente fue encerrada en un cuarto dentro de un prostíbulo de Mar del Plata y cada día la obligaban a tener sexo como fuera, con quien fuera que pudiera invitarle una copa y luego pagar por su ‘pase'” (Extracto de una resolución judicial).

Para la Justicia Federal, en Mar del Plata -como en todo el mundo- aún hay mujeres que son explotadas sexualmente por otras personas. Que son captadas, engañadas, comercializadas y recibidas en lo que supone ser una forma moderna de esclavitud y que se conoce como trata de personas.

A la trata en función de la explotación sexual no hay que confundirla con la prostitución, que en la Argentina es una actividad permitida, aunque no reglamentada.

Hasta hace unos 10 años, a Mar del Plata se la podía considerar como un punto de turismo sexual. La noche en la ciudad era diferente, con la oferta sexual muy visible, vulgarmente visible.

Focos rojos. El código era muy simple de entender. Por barrios como La Perla o en cercanías a la vieja terminal de ómnibus, un foco rojo indicaba que esa casa era un prostíbulo, un “privado”.

También existían “bares de copas”, un eufemismo para nombrar prostíbulos. Nuevamente, la oferta sexual era tan evidente, tan presente, que era obscena.

Porque obsceno era que la sociedad ignorara lo que realmente pasaba en esos lugares. Que la sociedad ignorara que mujeres eran explotadas sexualmente por dinero y que, en un muchos casos, esas mujeres no tenían libertad de decidir si quedarse o irse, que esas mujeres eran prácticamente esclavas.

Cambio de paradigma

“Cuando un grupo de mujeres de República Dominicana llegó al bar Dulcinea, las obligaron a prostituirse y estuvieron tres meses sin cobrar ni un solo peso, ya que ese dinero era para pagar las deudas que generaron por el viaje y alojamiento. El cinismo en su estado puro, una deuda generada para ser explotadas por tratantes de personas”.

En 2008 se promulga la ley 26.342, la piedra fundacional del abordaje legal contra la trata de personas y desde el 2009 el panorama en Mar del Plata comenzó a cambiar, con un trabajo serio de la Justicia Federal.

“Hubo una fuerte decisión en rechazar esto, con leyes que comenzaron a respaldar el accionar social”, explica a LA CAPITAL el fiscal federal general, Daniel Adler.

Para Adler, fue fundamental empezar a visibilizar la existencia de la explotación humana en el siglo XXI. “Atrás de una situación de prostitución podía haber una situación de explotación de la prostitución y la explotación de la prostitución, en algunos casos implica la trata de personas”, agrega.

“El impulso de la sociedad y de las leyes antitrata colaboró para que esto fuera adelante y una firme decisión de la Justicia Federal. Tanto de la Procuración General de la Nación como de la Corte”, explica Adler.

El fiscal general exhibe con orgullo un mapa de la ciudad, que tiene decenas de puntitos -principalmente en La Perla-. El mapa corresponde a 2008 y muestra 129 prostíbulos que funcionaban en Mar del Plata y que hoy ya fueron cerrados.

“El Estado tiene la obligación de prevenir y en la prevención tenemos que ser ingeniosos en desarrollar estrategias de intervención, la Mesa contra la Trata es una estrategia”, expresa Adler y usa como ejemplo un espacio de discusión y visibilización constante, que incluso recorre escuelas de la ciudad para generar conciencia en los jóvenes.

Explotación sin prostíbulos a la vista

“Se encuentran denominadores en común en las víctimas: grado de instrucción precario, falta de inserción en el ámbito laboral, episodios de violencia de género previos, condiciones de extrema vulnerabilidad y, en muchos casos, el alejamiento del núcleo familiar y amistoso, siendo que algunas tienen hijos que dependen de ellas”.

Una noche cualquiera, en las zonas de bares y cervecerías de Mar del Plata, un auto estacionado se vuelve inmediatamente una “pizarra” para difundir servicios sexuales de mujeres a través de “papelitos”.

Estos folletos son muy simples, un nombre y un teléfono: “Xiomara, 20 años, solita en mi departamento. 2235-XXXXXX” o “Alinne, 24, solita en mi departamento, domicilios y hoteles. 2235-XXXXXX”.

Las “luces rojas” de los prostíbulos son reemplazadas por otras estrategias para difundir la oferta sexual -como los folletos en los autos o páginas de internet-, que en muchos casos esconde una situación de explotación, de trata de personas.

“Cada vez que nos encontramos frente a una sospecha se inicia una investigación: papelitos o internet”, expresa el fiscal federal y destacada la utilización del 145, el número disponible para denuncias anónimas que tiene el filtro de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas.

“El delito existe, ha mutado, pero existe. Ahora no hay una naturalización del delito y se ha reducido el negocio. Se redujo la oferta y el mercado está reducido y esa es una forma efectiva de protección de las personas”, explica Adler.

“En el abordaje del fenómeno delictivo hay dos visiones: se suprime o se reduce”, agrega el fiscal federal y continúa: “La supresión lleva a posiciones fundamentalistas que traen rebote y un recrudecimiento. En el fenómeno delictivo que está en tránsito buscamos una reducción y en este caso el delito de trata tiene una concepción vinculada a lo que lo caracteriza: el consumo. Se consume el cuerpo de otra persona, mayormente de mujeres”.

“Tenemos que reducir la oferta, a través de la acción penal, y reducir la demanda, a través de la prevención, como ir a los colegios y hablar de la la explotación sexual. Apunta a generar una conciencia acerca de lo que es una relación sexual por dinero”, concluye el fiscal.

Rescatar a las víctimas

“En Beruti 3574 funcionaba un prostíbulo regenteado por un policía nombrado como ROCV, quien explotaba a mujeres extranjeras -principalmente paraguayas- y las obligaba a tener sexo por dinero con hombres. Este policía fue condenado a 4 años de prisión por el delito de trata de personas”.

A las víctimas de trata de persona y explotación sexual se busca rescatarlas y ese rescate es real, no en sentido figurado, ya que el Estado debe brindarles las herramientas necesarias para que puedan cambiar sus condiciones de vida, reinsertarlas en el mercado laboral formal y hasta recomponer lazos familiares.

Desde hace dos años, el departamento Judicial de Mar del Plata cuenta con una oficina de Coordinación de Asistencia a las Víctimas. Abrirla fue una iniciativa del fiscal federal Adler, quien entendió que era necesario que el Ministerio Público Fiscal Federal estuviera presente para las víctimas más allá del proceso penal.

La recuperación muchas veces pasa por volver a las víctimas a su lugar de origen, documentarlas, conseguirles un trabajo que puedan finalizar sus estudios.

“Lo más importante es el rescate de las víctimas. Por lo general una persona en situación de prostitución viene de un lugar de vulnerabilidad y para nosotros que el Estado se ocupe de estas víctimas y que las organizaciones colaboren es importante”, concluye Adler.

La trata de personas en cifras

“Las mujeres que trabajaban en Dulcinea realizaban los pases con los clientes y descansaban en el mismo cuarto, pagando por el alquiler de las habitaciones. Un hombre cobraba el 50% de cada pase que realizaban”.

Mar del Plata es la jurisdicción de la Justicia Federal del país (incluye Tandil, Azul, Necochea y Dolores) con mayor número de sentencias condenatorias por trata sexual, con 34 condenas a la fecha. De esas condenas, 16 fueron de Mar del Plata.

Cada año, en Mar del Plata, se inician unas 30 causas de trata de personas con fines de explotación sexual.
De las causas que llegaron a tener condena, fueron rescatadas 93 víctimas, de las cuales 30 eran argentinas y el resto (63) extranjeras: 44 de Paraguay, 18 de República Dominicana y una de Brasil.

Entre las víctimas habían dos adolescentes, menores de edad, y cinco mujeres trans. De estas causas, 40 personas fueron condenadas, 19 mujeres y 21 hombres.

De las mujeres, 14 resultaron ser argentinas, tres de República Dominicana y dos de Paraguay. Mientras que los hombres fueron 19 los argentinos, uno de República Dominicana y otro de Paraguay. Entre los condenados se encuentran dos efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

¿Abolicionismo, prohibicionismo o reglamentarismo?

Argentina tiene una postura abolicionista en cuanto al ejercicio de la prostitución y el trabajo sexual, es decir, persigue la explotación sexual, pero es tolerante en cuanto a la libre prostitución de las personas.

Es casi como la postura intermedia entre la prohibicionista -que prohibe la prostitución y persigue tanto a trabajadoras y trabajadores sexuales como clientes- y la reglamentarista -que busca reglamentar la actividad-.

El fiscal federal Adler explica que esta visión de la prostitución que tiene Argentina “no la reconoce como un trabajo y, al no ser un trabajo, no se reglamenta”.

“Argentina ha elegido esta postura, al igual que la mayoría de los países de occidente. Hay una protección de la mujer al no perseguirla”, subraya.

Quienes rechazan la idea de que Argentina cambie de postura y tome una reglamentarista, entienden que al reglamentar la prostitución se podría caer en un sistema de explotación, pero amparado por las leyes.

La doctora en Folosofía y docente investigadora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Patricia Britos, tiene una postura reglamentista del trabajo sexual y reclama desde hace años por este cambio de norma en Argentina.

“Hay una reacción muy fuerte hacia el trabajo sexual”, consiera Britos, quien está en constante contacto con trabajadoras y trabajadores sexuales de la ciudad. “A la larga los que pagan son los más vulnerables”, resume.

“Reglamentar es necesario. Tiene que haber un marco legal de dónde agarrarse. Hay mucha corrupción en el medio de la prostitución. Casi todas las mujeres están en la calle ahora. Todo esto de la persecución de la trata ha llevado a la persecución del trabajo sexual”, explica la docente e investigadora de la facultad.

“Esta persecución se parece más al prohibicionismo. Lo que veo es que cada vez clandestiniza más a los sectores más vulnerables y el problema es que en las calles termina pasando cualquier cosa”, dice Britos.

Para la doctora en Filosofía, al reglamentar la prostitución se respetarían “los derechos de todos los ciudadanos”.

“Si se reglamenta es lo mismo que tener un trabajo. Es más fácil de detectar de esta manera la violación de los derechos económicos, sociales y humanos”, agrega.

“No podemos proteger los derechos de la gente qe está en la oferta de servicios sexuales si no la conocemos y no la podemos conocer realmente porque los estamos persiguiendo”, concluye Britos.