Un peculiar caso que tuvo lugar en los inicios de la cuarentena por la pandemia de COVID-19, y que puso en el banquillo de los acusados a un subcomisario y a un vendedor, llegó a su fin esta semana con un veredicto de absolución.

El Juzgado Correccional N°2, en un fallo emitido el martes determinó que la prueba no fue suficiente para condenar a Marcos Gastón Alonso, ex-subcomisario de la policía bonaerense y por entonces jefe de la subcomisaría de Estación Camet, y a Norberto Rolin, un vendedor y distribuidor de mercadería, por los delitos de cohecho pasivo y activo, respectivamente.

El caso se remonta al 3 de abril de 2020, en un momento en que la sociedad entera estaba bajo estrictas restricciones de circulación, Rolin fue interceptado por un patrullero en la Autovía 2, a la altura del barrio 2 de Abril . A bordo de su camioneta Peugeot Partner, transportaba mercadería y, según la acusación fiscal, no contaba con la autorización necesaria para circular en la provincia. La situación se tornó peculiar cuando Rolin, junto con los policías, se dirigieron a la Subcomisaría Estación Camet. De acuerdo con la declaración de otro policía y compañero de Alonso, éste hizo pasar a Rolin a su despacho, algo que le resultó “raro”. Tras unos minutos, el testigo vio a Rolin salir de la oficina y guardar algo en su bolsillo que parecía ser dinero. Casi de inmediato, Alonso regresó con una caja y ofreció a sus compañeros papas fritas y galletitas, que el testigo asoció con la mercadería que Rolin transportaba. El testigo confrontó a Alonso, quien le respondió: “…el hombre estaba colaborando con la Comisaría,… Ud es un simple Sargento,….. está hablando con un Subcomisario”. La discusión escaló al punto en que el testigo amenazó con denunciarlo y Alonso le dijo “andate”.

El problema de la
prueba y la intención

La clave de la absolución radicó en la falta de certeza. Si bien el tribunal dio por acreditado que Alonso recibió una caja de alimentos, la sentencia subraya que no se pudo probar el “pacto venal” —un acuerdo ilícito previo— entre ambos. El fallo argumenta que no se pudo determinar con la certeza necesaria si Rolin entregó voluntariamente la mercadería, si fue un “despojo”, o si se trató de una “exigencia” de Alonso. Esta falta de evidencia sobre la naturaleza de la transacción impidió que se configurara el delito de cohecho activo para Rolin y de cohecho pasivo para Alonso.

El juez señaló que, aunque Rolin manifestó en su declaración que el policía “agarró una caja y la empezó a llenar con mercadería”, esta versión no fue desvirtuada por la fiscalía. Además, la propia acusación fiscal contra Alonso por “incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público” fue retirada por el fiscal Lódola, lo cual también se tuvo en cuenta en el veredicto de absolución.

El tribunal basó su decisión en el principio de la duda razonable. El fallo concluye que no se logró acreditar de manera “clara” y con la “certeza que requiere el fallo condenatorio” la culpabilidad de los imputados. La defensa de ambos, tanto de Osvaldo Verdi para Rolin como del Daniel Álvarez para Alonso, había solicitado la absolución por “falta de prueba en relación al tipo penal endilgado”. Así, la historia de una caja de galletitas en medio de un control policial, que en un principio parecía un claro acto de corrupción, quedó sin una sanción penal.