Con la atención puesta en la jerarquización del personal perteneciente a la defensoría, los defensores del pueblo Daniel Barragán, Fernando Rizzi y Luis Salomón presentaron hoy el presupuesto del área estimado para el ejercicio del año 2020, en la última sesión de la comisión de Hacienda destinada a analizar y resolver consultas sobre la asignación de partidas.

Entre los ejes principales que se discutieron esta mañana en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante primaron la necesidad de contar con cargos jerárquicos dentro de la Defensoría del Pueblo, el aumento en el porcentaje de disponibilidad al que acceden los trabajadores del área y la posibilidad de incrementar la planta con profesionales capaces de mejorar el nivel de respuesta a los reclamos.

En cuanto a la jerarquización del personal, Barragán aclaró que se trata de dos de los trabajadores del área los cuales acumulan varios años de trabajo en la misma. “Es justo para ellos. Necesitamos que quienes hoy se hacen cargo puedan tener un reconocimiento concreto en función de las responsabilidad que asumen”, indicó, al tiempo que detalló la distribución de los poco más de 24 millones que cuenta el área.

A su vez, el defensor señaló que buscarán aumentar el porcentaje del bono de disponibilidad que hoy perciben los trabajadores y que está vinculado al trabajo que realizan fuera del horario municipal. “Nuestros trabajadores no solo trabajan las 35 horas, sino también, en muchos casos, les pedimos que nos acompañen en actividades que se realizan sobre todo por la tarde”, señaló Barragán.

En este sentido, aclaró que el cambio (se pasará de un 33% a un 50%) se realizará a través de una “reasignación de partidas presupuestarias propias” (sin pedirle al Concejo la ejecución de montos destinados a otros sectores) y en función a lo habilitado por el inciso 17 de la ordenanza que establece el cobro de ese derecho.

“De esta manera, nosotros estamos dispuestos a reasignar de nuestras propias partidas para que nuestros trabajadores puedan tener, por un lado, el incremento de la bonificación por la disponibilidad y, por otro, los dos cargos jerárquicos que estamos solicitando”, indicó.

Y agregó: “No tenemos problema de hacer ese esfuerzo. Ustedes tengan en cuenta que el año pasado nosotros hicimos un enorme esfuerzo, que por ser el primer año aceptamos porque nuestro desafío como defensores era demostrar que se podía trabajar aún con casi nulo presupuesto, pero este año lo que queremos es ejecutarlo, pero con una estructura dentro del área capaz de llevar adelante el desarrollo de los proyectos”.

Más de 700 demandas

Los defensores también señalaron que, durante 2019, realizaron 723 expedientes como respuestas a reclamos de vecinos de la ciudad acerca la prestación o cobro de servicios. El nivel de demanda señalado llevó a que la concejal Verónica Lagos (FdT) consultara sobre si el área cuenta con la cantidad de personal especializado necesario.

En este sentido, Daniel Barragán aseguró que el año pasado elevaron cuatro notas al Concejo Deliberante solicitando más personal, pero que no tuvieron respuesta, menos aún luego que . “Tenemos solo una abogada que se encarga, sobre todo, de temas administrativos. Nos faltaría otro profesional que incluso trate temas que llegan a rozar lo penal”, indicó, al tiempo que aseguró que no cuentan con trabajadores sociales, psicólogos, etc. “La verdad es que los trabajadores están en el área hace tiempo que son capaces de hacer todo, pero sería útil tener alguien que pueda hacer un seguimiento de algunos casos”, indicó Barragán.

A su vez, Barragán destacó que de los más de 700 expedientes abiertos gran parte de los reclamos estuvieron vinculados a la escasa atención de salud en los barrios. También compartió la preocupación de organización no gubernamentales vinculados a la falta de atención y financiamiento a espacios dedicados a atender el consumo problemático de sustancias (aseguró que “no hay estructura para dar respuestas”), los inconvenientes en la prevención y atención de casos de violencia de género, alarma por el incremento de las usurpaciones, la necesidad de determinar la emergencia vial en el municipio (sobre todo en los barrios del sur de la ciudad) y las complicaciones a la salud y el bienestar de diferentes zonas que cuentan con basurales a cielo abierto.