La Justicia admitió el amparo contra Arroyo, Crovetto y Rojas
Lo había presentado el Consejo de Niñez por el cierre de programas educativos y culturales. Convocan a los funcionarios a una audiencia conciliatoria.
La Justicia admitió el recurso de amparo de incidencia colectiva que presentó el Consejo de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y el defensor del pueblo contra el intendente Carlos Arroyo y las secretarias de Cultura, Silvana Rojas, y de Educación, Ana María Crovetto.
La jueza Patricia Ginsberg fijó una audiencia conciliatoria entre las partes para el próximo 23 de junio a las 9 en el Juzgado Civil y Comercial Nº 9.
La magistrada dio traslado a la demanda del Consejo de Niñez, donde obliga a Arroyo, Crovetto y Rojas a responder sobre la suspensión de los programas culturales y educativos en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de declararlos en rebeldía.
“Celebramos la decisión de la Justicia y creemos que de esta forma se abre una instancia de diálogo con el Ejecutivo municipal que hasta este momento se nos había negado”, expresaron desde el Consejo de Niñez, y agregaron: “Esperamos en la audiencia conciliatoria conocer el plan de acción relativo a las políticas socioculturales y educativas”.
La acción judicial interpuesta pretende que el Ejecutivo municipal reponga los programas Almacenes Culturales, Usinas Artísticas, LiberArte, las actividades extensionistas que se garantizaban desde el Museo de Ciencias Naturales y el Programa Educativo Barrial (PEBA).
Todas se desarrollaban en más de 200 espacios comunitarios e institucionales y alcanzaban en diciembre de 2015 a aproximadamente 13.200 niños, niñas y adolescentes de todos los barrios de Mar del Plata y Batán.
La decisión politica de retirar el Estado de los territorios más vulnerables “violenta la igualdad de oportunidades, incumple con el principio de la progresividad y no retroactividad de los derechos económicos, sociales y culturales en base al interés superior del niño, especialmente protegido por la Constitución Nacional a través de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y las leyes 26.061 y 13.298”, señalaron los amparistas.
