La Justicia define si la megacausa Anses, en la que se investiga a abogados y médicos que estafaron al Estado a través de beneficios previsionales por discapacidad por una suma cercana a los 100 millones de pesos, puede llegar o no a juicio.

El fiscal general Daniel Adler, a cargo interinamente de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, solicitó la elevación a  juicio parcial de la causa que tiene como principales involucrados a los  integrantes de la sociedad “Organización Jurídico Previsional SRL” –Roberto Balbuena, Luis Miguel Iros, Ruben David Cagni y Luciano Conrado Diez Suarez-.

En los últimos días, el juez Santiago Inchausti recibió los planteos de las defensas de cada imputado, por lo que después de analizar cada argumento resolverá si una de las causas de estafa al Estado más importantes, tanto por el momento como por la cantidad de implicados y la mecánica, llega o no a juicio.

La elevación a juicio presentada por Adler se solicitó respecto de 13 de los supuestos integrantes de la asociación ilícita -entre quienes se encuentra también la contadora del estudio previsional, entonces funcionarios públicos de AFIP, ex funcionarios de la Comisión Médica y médicos- y de 20 beneficiarios, por un universo de cuarenta y siete beneficios previsionales. Sin embargo, la cantidad de integrantes de la asociación ilícita de acuerdo a la investigación fiscal asciende a 25 personas y el número de casos a 361. Este otro tramo de la causa se encuentra a la espera de la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.

De acuerdo a la pesquisa, para alcanzar sus objetivos, la organización se valió de diversas maniobras, como la alteración de registros de la Afip, tenencia de DNI, utilización de diversa documentación falsa como certificaciones de servicios y recibos de sueldo, de sellos médicos, de la instalación de un consultorio médico no habilitado a tal fin, del supuesto extravío de los expedientes administrativos, la influencia sobre diversos funcionarios públicos mediante ofrecimientos económicos, y la dilatación intencionada de los trámites previsionales, entre otros.

Las maniobras desplegadas

En esencia, se les imputa el haber conformado e integrado una organización criminal de forma permanente y continuada, con roles específicos en cada caso, que se dedicaba a la gestión y tramitación de beneficios previsionales ilegítimos, los cuales, una vez otorgados, ocasionaban un perjuicio patrimonial para el Estado. Por lo general, la organización se quedaba con el pago del retroactivo efectuado por Anses, motivo por el que dilataban intencionalmente la tramitación de los beneficios.

La banda, que operaba desde el estudio jurídico “Organización Jurídico Previsional SRL”, ubicado sobre la avenida Juan José Paso 2890 en el macro centro marplatense, para alcanzar su cometido se valía principalmente de dos maniobras defraudatorias.

Por un lado, utilizaban empleadores falsos o sin actividad comercial activa para simular ilícitamente relaciones laborales con distintos empleados –que serían los beneficiarios y beneficiarias posteriores- con el objeto de fraguar períodos de prestación laboral mediante la regularización de forma extemporánea en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), sin realizar el pago de los aportes y las contribuciones obligatorias.

La intervención de funcionarios de Afip y Anses permitía tener un acabado conocimiento de sus sistemas, lo que permitía a la organización declarar servicios apócrifos en relación de dependencia para distintos empleadores, ya sea mediante la presentación de denuncias “z” falsas ante la Afip o mediante la presentación extemporánea de declaraciones juradas también falsas ante este organismo, a través del uso de documentación apócrifa y los datos personales y claves fiscales de los respectivos empleadores. Una vez alterados los registros de la Afip – los cuales impactaban directamente en el SIPA-, presentaban ante la Anses una solicitud de beneficio previsional –ya sea jubilación o retiro por invalidez- dando cuenta de la relación laboral simulada que ya constaba en los registros informáticos. Esto llevaba a generar un error en las autoridades del organismo que, en la mayoría de los casos, concedía el beneficio solicitado.

La segunda maniobra era utilizada en particular para los retiros por invalidez. En esos casos, se utilizaban certificados médicos, historias clínicas y dictámenes médicos en los que constaban diferentes patologías, sin poder corroborarse que las mismas fueran un fiel reflejo del real estado de salud de las personas investigadas. De esta manera, por vía administrativa y/o por vía judicial, se podía alcanzar el grado de incapacidad estipulado por ley a los fines de obtener un retiro por invalidez.

En estos casos, la organización influía en las decisiones y dictámenes médicos que realizaba la Comisión Médica N°12 de Mar del Plata, entidad que interviene para analizar los antecedentes médicos de los beneficiarios en los casos de retiros por invalidez y dictaminar en consecuencia. De ese modo se obtenía información interna que solo debía ser conocida, en principio, por integrantes de ese organismo. En el marco de esta estructura, dentro del inmueble donde funcionaba el estudio jurídico, se encontró un consultorio médico que no tenía habilitación para funcionar.

En los trámites que llegaban a instancia judicial, la organización presentaba supuestas pericias efectuadas por el Hospital Interzonal, cuando en realidad el HIJA no realizaba ese tipo de estudios ni contaba con los peritos para poder hacerlo. Para ello, la organización contó con la connivencia de un médico que trabaja en el referido hospital.

 Otros delitos, los mismos acusados

También se requirió la elevación a juicio por dos hechos de cohecho. De acuerdo a la hipótesis fiscal, Iros, en connivencia con Balbuena, Cagni y Diez Suarez, ofreció en dos oportunidades dinero y/o dádivas a uno de los médicos de la Comisión Médica N°12, con el objeto de obtener un resultado favorable a sus pretensiones en los dictámenes médicos.

A su vez, se les atribuye el haber tenido bajo su esfera de custodia y de forma ilegítima, once documentos nacionales de identidad. Del análisis de los mismos, se observa con claridad una parte de los artificios utilizados por la organización para llevar adelante la defraudación: trasladar los domicilios de los pretensos beneficiarios a Mar del Plata, lugar donde tenían armada la infraestructura necesaria para simular las relaciones laborales y/o simular las incapacidades