Hay casos gravísimos denunciados contra Polo Obrero, Libres del Sur, Atahualpa, la Cooperativa A Trabajar 4 y el Frente de Organizaciones en Lucha, entre otras. Se investiga si amenazaban a beneficiarios de planes con quitárselos si no iban a manifestaciones.
Una serie de denuncias contra agrupaciones que presuntamente obligaban a titulares de planes sociales a concurrir a marchas bajo amenaza y extorsión será investigada finalmente en la Justicia de Mar del Plata.
Así lo decidió el juez Santiago Inchausti, al oponerse a la postura del Ministerio Público Fiscal que había sostenido que la competencia correspondía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con esta resolución, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Número 1 aceptó 13 de las 16 denuncias realizadas a la línea 134, habilitada en el marco del Protocolo para el mantenimiento del orden público.
Las presentaciones se vinculan con presiones y amenazas a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo para forzarlos a participar de movilizaciones durante diciembre de 2023.
Las actuaciones se iniciaron tras una denuncia formal elevada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, donde se expuso que numerosas personas habrían sido obligadas a asistir a marchas bajo amenaza de perder beneficios sociales o mercadería. Posteriormente, el juez Ariel Lijo determinó que dieciséis denuncias correspondían territorialmente a Mar del Plata y las remitió a esta jurisdicción, aunque el Ministerio Público se opuso.
Finalmente, Inchausti resolvió que 13 de esos 16 hechos sí involucran a organizaciones con actuación en esta ciudad y presentan relevancia territorial suficiente para ser investigados localmente.
Amenazas, extorsiones económicas y condicionamiento de ayuda social aparecen como un patrón reiterado en los testimonios.
Entre las denuncias se repiten mecanismos similares: beneficiarios que aseguran haber sido coaccionados por referentes de distintas organizaciones sociales para concurrir a movilizaciones, bajo advertencias de que serían dados de baja del plan Potenciar Trabajo o privados de bolsones de alimentos. En varios casos se detallaron exigencias de aportes mensuales que oscilaban entre 400 y 5.000 pesos.
Los formularios mencionan a agrupaciones como Polo Obrero, Libres del Sur, Atahualpa, la Cooperativa A Trabajar 4 y el Frente de Organizaciones en Lucha, además de identificar a personas señaladas como responsables de ejercer las presiones.
En uno de los episodios se denunció que una mujer fue obligada a participar de un acampe junto a su bebé, mientras que en otro se expuso la quita de cajas navideñas como castigo por no asistir a protestas. Todas las presentaciones describen un mismo esquema de amenaza, condicionamiento y control sobre beneficiarios de planes sociales.
La Justicia encuadró los hechos en el delito de coacción por el uso de amenazas para imponer conductas contra la voluntad de las personas.
En su resolución, el juzgado sostuvo que corresponde continuar la investigación en esta ciudad por tratarse de hechos con relevancia típica local, mientras que excluyó los episodios identificados como 2, 13 y 14, al haber ocurrido en otras jurisdicciones federales.
De este modo, la causa avanzará con foco en un conjunto de denuncias que, por su volumen y similitud, evidencian un presunto accionar sistemático sobre sectores vulnerables.