Antes de resolver la medida cautelar solicitada por la comuna sobre el proceso licitatorio de Punta Mogotes, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de Mar del Plata, Simón Isacch, convocó al Gobierno municipal y al bonaerense a una audiencia para el 30 de junio a las 12. Tres días después de la finalización de la gran mayoría de los contratos de los balnearios. 

Al encuentro deberán concurrir los letrados con sus respectivos mandantes o quienes posean competencia resolutoria sobre la cuestión debatida, señaló el magistrado al fijar la fecha de la audiencia “con carácter previo a resolver la medida cautelar requerida”.

El gobierno provincial apunta a extender un año la vigencia de los contratos de los balnearios del complejo, que vencen entre fines de este mes (el sábado 27) y fines de septiembre. En forma paralela, avanza con la redacción de los pliegos licitatorios de la futura licitación, para la que ya adelantó que tomará en cuenta el concurso que realizó para la renovación arquitectónica y paisajística.

El Ejecutivo local, en cambio, busca impedir la licitación de los balnearios “hasta tanto se produzca la restitución del bien al patrimonio municipal”.

Al pedir la cautelar para que la Provincia no siga avanzando, puntualizó que, en la conferencia de prensa del 11 de mayo, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia, Augusto Costa, comunicó la decisión de restituir el complejo al municipio tras el proceso licitatorio y la realización de obras. “Este municipio nunca tuvo la menor duda de que el complejo Punta Mogotes era y es de los marplatenses”, señaló.

En esa conferencia de prensa, Costa invitó al municipio a trabajar en conjunto en los pliegos licitatorios. Luego, el municipio rechazó la convocatoria. “Lo que pomposamente titulan los medios de comunicación es apenas el 10% de lo anunciado por el ministro Costa, que enmascaró casi a la perfección la única finalidad que persigue el Estado provincial, que es la de perpetuarse en una ocupación que sus propios funcionarios reconocieron expresamente que es indebida”, consideró el municipio.

El Gobierno bonaerense pidió a la Justicia que rechace la medida cautelar presentada por la Municipalidad. En una presentación de la Fiscalía de Estado ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1, señaló que, de ser concedida la medida, significaría la paralización de la actividad de la Administración de Punta Mogotes (APM), lo que produciría “una grave afectación al interés público”.

Para la Provincia, impedir el llamado a licitación generaría “un perjuicio concreto e irreparable sobre los actuales concesionarios que, frente a la medida pretendida, (se) verían impedidos de planificar la temporada turística 2026/2027, sin contar con la certeza sobre el título habilitante que ampara su actividad”.

El funcionamiento del complejo, marcó el Gobierno provincial, “requiere de una debida antelación y planificación, contratación de personal, adquisición de insumos, realización de obras de mantenimiento y la obtención de habilitaciones, lo que resultaría inviable e impracticable en el contexto de incertidumbre sobre la continuidad contractual de los concesionarios”.