La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata habilitó a la Defensoría del Pueblo a reclamar por el recorte del Régimen de Zona Fría, que implicó la pérdida del descuento automático del 30% en la tarifa de gas para los usuarios residenciales del distrito.

Los jueces Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Santiago Martín revocaron este martes la resolución de primera instancia del Juzgado Federal N°4. Semanas atrás, este tribunal había desestimado la presentación del organismo conducido por Marcelo Lacedonia por considerar que carecía de “legitimación activa” para actuar como demandante ante el fuero federal. 

Los magistrados consideraron que, aunque se trata de una norma nacional, eso no bloquea la legitimación de la Defensoría del Pueblo, ya que la ley “no impacta” sobre la totalidad de la población nacional, sino sobre una porción de ella, “situada en determinada zona de la provincia de Buenos Aires”.

En la misma línea, resaltaron que si bien el amparo colectivo objeta la constitucionalidad de la ley N° 27.828 aprobada por el Congreso, el conflicto es “local”.

También señalaron que un rechazo in limine debe reservarse para casos excepcionales, con “especial mesura, tino y cautela a fin de no provocar denegación de justicia”.

La resolución de la Cámara coincide con el criterio de la Fiscalía General, que había dictaminado que la entidad municipal sí estaba facultada para representar a los vecinos y encabezar la demanda. 

Tras esta decisión, la causa regresará al Juzgado Federal N°4, que deberá analizar la medida cautelar solicitada y evaluar si corresponde tramitar el reclamo con carácter colectivo. 

Demanda

Cabe recordar que la demanda de la Defensoría del Pueblo se dirige contra tres actores: el Estado nacional (Ministerio de Economía y Secretaría de Energía), el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad y la distribuidora Camuzzi Gas Pampeana.

El organismo planteó la necesidad de una medida cautelar urgente que detenga la quita del beneficio. “Solicitamos que se ordene mantener las condiciones tarifarias de Zona Fría, frenando de inmediato la aplicación de los filtros del sistema SEF (Subsidios Energéticos Focalizados) para los usuarios de nuestra región”, explicó el organismo.

También solicitó que se prohíba al ente regulador homologar cualquier cuadro tarifario nuevo sin que se realice previamente una audiencia pública.

En cuanto a la cuestión de fondo, la Defensoría reclamó que se declare inconstitucional la ley 27.828 porque “rompe el principio de igualdad”. 

Argumentó que “obliga a los marplatenses a cumplir requisitos patrimoniales estrictos para mantener el beneficio, mientras que a la Patagonia se lo otorga de manera automática y sin condiciones, a pesar de compartir la misma clasificación climática”.

Por último, la Defensoría cuestionó los indicadores de exclusión de la Disposición 2/2026; es decir, aspectos que dejan afuera de los subsidios focalizados a aquellas familias que poseen “un auto de menos de tres años o suman tres inmuebles, que legalmente puede ser un departamento junto a su cochera y su baulera, sin importar si los ingresos reales son bajos”.